Deben considerarse delito la deslealtad programática surgida tras las elecciones o las legislaciones y las iniciativas de carácter fundamental contradictorias con lo que se había anunciado a los electores? Yo estimo que sí, pues estamos ante un engaño que hiere profundamente al colectivo social. Sin embargo, hagamos un primer distingo. No se trata de calificar como crimen que un dirigente o un partido fracasen en su proyecto al alcanzar el poder y ponerlo en vigor, sino de que desvirtúen ese proyecto, lo ignoren, lo contravengan o incumplan sus promesas con la consiguiente estafa para sus electores o incluso para la ciudadanía en general.

La amplia lectura del “Boletín Oficial del Estado” o “Gaceta de Madrid” correspondiente al primer año del gobierno del PP debiera constituir el pliego de acusación fundamental si un día la ciudadanía del Estado español decidiera abrir un gran e histórico proceso popular contra el Sr. Rajoy y su Gobierno bajo la acusación de atentado global contra la salud moral y material de la sociedad de España. Llegado el caso se podría hablar de terrorismo blanco.

Un gran y aleccionador proceso por deslealtad, desarrollado además en un amplio ámbito de audiencia y con un jurado que representase a los distintos sectores de la sociedad perjudicada, ya que como resultado de la prevaricadora acción gubernamental, al contrariar todo lo que se había prometido en firme, los daños producidos entre las masas han revestido, a mi parecer, un perfil y una dimensión criminales por su especial malicia, con la circunstancia agravante de abuso de poder. Ya es hora de que los atentados clamorosos del poder –y es atentado todo lo que se hace con negación de promesa electoral que conlleva abuso de jurisdicción– se enfoquen con algo más sustancial que con la pérdida de unas elecciones. Estamos, digámoslo con sencilla claridad, ante una estafa de dimensiones colosales, ya que es estafa no entregar el bien prometido a quienes han pagado a cambio de él una moneda tan sólida como es la facultad de gobierno.

Si aspiramos a un cambio radical en la acción política, ahora tan irresponsable ante la ley, ha de consistir precisamente en establecer la igualdad penal con otros comportamientos definidos como punibles según una escala que mide la gravedad delictiva ¿Y acaso no resulta gravísimo un comportamiento gubernamental que niega con extenso y superlativo daño los remedios prometidos firmemente? Es más ¿puede un pueblo permitir engaño de tal alcance sin proceder a su drástica y ejemplar represión tras el enjuiciamiento correspondiente?

Gobernar ha de ser, por su especial trascendencia para la comunidad, el trabajo más honrado, el compromiso con mayor propósito de cumplimiento. Gobernar es el empeño más concupiscible y no ha de permitirse que degenere en concupiscencia. Una cosa es buscar el bien común como tal bien y, otra, reducir la gobernación al bien propio del gobernante o sus allegados mediante una manipulación indigna de la situación. Tengo para mí, al hablar de estos asuntos, que la nota principal que debe caracterizar al candidato ha de ser la transparencia, tanto la claridad en la identificación de objetivos y con anticipación suficiente, como la diafanidad en las vías que piensa seguir para conseguirlos.

El Sr. Rajoy fue de una oscuridad completa en cuanto a los medios que emplearía para alcanzar sus prometidos objetivos políticos y sociales, añadiendo además acerca de estos objetivos que en sus discursos se ciñó a proyectar una niebla general sobre los mismos. Su diseño del bien equivalía solamente a la condena del mal que atribuía, con certeza o incerteza, a sus adversarios. Yo no recuerdo ni una sola ocasión en que este señor de Pontevedra disecase con eficacia, para su buen remedio, los males que azotaban a los españoles ya desde los tiempos de los Sres. González, Aznar o Zapatero. Cierto es que infinidad de políticos españoles suelen practicar el pensamiento –si es que se puede llamar pensamiento a eso que practican– como una suerte de acoso y derribo del contrario. Son políticos de garrocha y cuchipanda.

El Sr. Rajoy está dejando tras sí un país al que ha quemado la poca estructura que lo sostenía en pie tras cuatrocientos años de sevicias contra los españoles y de servicios a políticas que jamás fueron pensadas para su desarrollo y crecimiento. El retorno a la sumisión al imperio alemán, por ejemplo, y a los que forman con él el aparato de fuerza europeo, parece constituir una evidencia innegable e hiriente. El Sr. Rajoy no avisó sobre esa entrega de propósito colonial que, todo se debe tener en cuenta, preparó con tanto cuidado el Sr. Aznar, con ambiciones personales siempre orientadas a formar parte del otro mundo. Ahora, tras comprobar que el neoliberalismo engulle sus presas con la urgencia insaciable del tiburón, el Sr. Rajoy declara, con pesar fingido, que «hace lo que hay que hacer», que no deja de ser otra frase hojaldrada que los potentados rellenan a su gusto. Eso sí, el Partido Popular fue a las urnas con un programa de resurrección de la carne y la vida perdurable.

Ganó el amplio sufragio acusando al gobierno socialista de un escandaloso crecimiento del paro. Luego, él prometía remediarlo. Reprendió a los socialistas por una ruinosa administración de los diversos servicios sociales. Luego, él ofrecía un horizonte de solidaridad. Mostró su preocupación por el futuro del crédito. Luego, él afianzaría ese horizonte. Habló de una decadencia del prestigio exterior de España. Luego, él mejoraría brillantemente esas relaciones. Predicó parlamentariamente sobre el mal futuro del empleo.

Luego, él cambiaría de rumbo la estremecedora estadística. Insistió en la destrucción por los socialistas del Estado del bienestar. Luego, él aumentaría el bienestar. Criticó con dureza la captura de los bienes públicos por gentes del entorno socialista. Luego, él no permitiría el asalto, mediante significativas privatizaciones y corrupciones, a esos bienes. Cierto que jamás aclaró cómo había de lograr tanta higiene social. Utilizó el Parlamento como un púlpito en pascua para sus sermones de canónigo doctoral. Él nunca permitiría el baratillo organizado por la política. Luego, había que creerle ¿Y ahora, qué? El delito está ahí; en la sucesión de los fraudes ¿Por qué lo hizo? Eso es lo que tiene que absolver o condenar un gran jurado. No bastará para encauzar este oceánico desbordamiento de falsedades que el Sr. Rajoy pierda las próximas elecciones, si queda España con aliento para ir a las urnas.
Pero giremos un poco el periscopio del sumario análisis ¿Qué responsabilidad cabe al pueblo español que en número tan alto aupó al Sr. Rajoy sobre el escudo? De este trance tan amargo y disolvente ¿saldrá un pueblo español alzado intelectual y moralmente sobre sus pies o seguirá ese pueblo ofreciendo su espalda para sostener  ese castrador ejercicio de la política en manos de los sempiternos caudillos que alimentan su horno con el costillar de los trabajadores? ¿Se logrará un ejercicio siquiera mínimo de la razón o las masas, a las que azuzan día a día para ganar la guerra del norte, seguirán sin echar siete llaves al sepulcro del Campeador de la patria unida y en orden, como la quería el Genocida?

Si España ambiciona de verdad incorporarse a algún tipo de modernidad habrá de repasar sus adhesiones antes de sentarse,  algo madura y un poco sensata, en ese gran jurado para juzgar a quienes año tras año la han conducido por caminos serranos. No vale con derrotar a los catalanes y a los vascos para tener el hogar encendido. La política española no puede seguir reducida a desfiles y banderas que compensen absurdamente la carencia de una vida medianamente justa y modestamente ordenada.