Manuel Herrera*

Las ideas políticas de Don Jaime, noventa años después

Mientras no se celebre una consulta popular para decidir específicamente sobre esta cuestión en concreto, la sociedad española arrastrará un indudable déficit democrático, que impide cualquier tipo de consenso y de convivencia consolidada

Entre las figuras históricas más significativas del Carlismo se encuentra la de Jaime III, hijo de los inolvidables y míticos Carlos VII y Margarita de Borbón-Parma. Durante la etapa de su liderazgo dinástico, entre los años 1909 y 1931, los militantes del Partido Carlista se opusieron a la Dictadura del general Primo de Rivera, constituyeron sindicatos obreros y colaboraron políticamente con el nacionalismo vasco y catalán. Fallecido el 2 de octubre de 1931, en el noventa aniversario de su defunción, los firmantes de este escrito queremos reivindicar la modernidad y actualidad de su pensamiento político.

Proclamada la II República Española el 14 de Abril de 1931, Don Jaime emitió un Manifiesto el 23 de abril, expresando de manera pública e inequívoca sus convicciones democráticas. En esta declaración, no solamente llamaba a los carlistas a cooperar con el Gobierno provisional, también recordaba que el verdadero lugar de la Iglesia y del Ejército se encontraba lejos de toda acción política. Igualmente planteaba la convocatoria de unas elecciones generales constituyentes, con carácter plebiscitario, que deberían servir para que la ciudadanía española escogiera entre la República y una Monarquía «progresista»; señalando además que si la voluntad popular, libremente expresada, «se pronunciara en favor de la República», «pediría a los monárquicos que colaborasen en la obra inmensa que es construir la federación de la nueva España».

En declaraciones a los medios de comunicación, Don Jaime insistiría en que: «Si España ratifica plenamente su voluntad republicana, manteniendo todos mis derechos, respetaré esa decisión del pueblo. Considero que la República, como forma política es indudablemente legítima, mientras que el régimen que imperaba hasta ahora era ilegítimo dentro de la forma monárquica».

Don Jaime también solicitó al Gobierno provisional que adoptara un sistema de representación proporcional puro, como ya se hacía «en las grandes naciones europeas», para que se recogiera «hasta el último voto de todos los ciudadanos», evitando así los peligros del sistema de escrutinio mayoritario que tantos problemas políticos provocaría durante el periodo republicano.

Noventa años después, cuando las naciones hispanas tienen como forma de Estado una monarquía doblemente ilegítima, cuestionada socialmente tanto por su origen franquista como por sucesivos y continuos escándalos de corrupción, los criterios de Don Jaime son tan actuales como la misma realidad que nos rodea. Es el conjunto de la ciudadanía quien debe decidir sobre el contenido y la forma de la Jefatura del Estado. Mientras no se celebre una consulta popular para decidir específicamente sobre esta cuestión en concreto, la sociedad española arrastrará un indudable déficit democrático, que impide cualquier tipo de consenso y de convivencia consolidada.

La orientación progresista y emancipadora de las ideas políticas de Don Jaime también abarcaba campos como la redistribución social de la riqueza o la reorganización territorial del Estado. En su Manifiesto del 23 de abril de 1931, proclamaba que «ha sido siempre el fundamental objeto de nuestra política realizar la federación de las distintas nacionalidades ibéricas», al mismo tiempo que convocaba a los carlistas a impulsar un movimiento «intensamente progresivo, amigo de las reformas sociales».

Respecto a estas cuestiones estructurales, la ideología de Don Jaime no aceptaba falsas soluciones de carácter vertical, como la caridad paternalista de los más ricos con los más pobres, o una descentralización de competencias administrativas desde Madrid a la periferia.

En ese sentido, Don Jaime realizó declaraciones tan contundentes en su época como: «La caridad no debería existir en nuestro mundo, que se pretende civilizado. En la sociedad, a la que todos pertenecemos, hay gente enferma, niños, viejos, incapaces», a los cuales «no debería la colectividad reservar sus limosnas, sino que es una obligación estricta e ineludible para el cuerpo social sostener a sus miembros, demasiado débiles; tienen ellos un derecho sagrado al apoyo desinteresado de todos. La caridad es una humillación constante; en cambio, el sostenimiento de todos los seres desvalidos por la comunidad no entraña disminución para nadie». Igualmente apoyaba el sindicalismo reivindicativo, «realizado con el nobilísimo fin de que el trabajador no se vea desamparado frente al propietario» para lo cual era necesario  «el salario mínimo, la protección del trabajador, la subsistencia para la viuda y los huérfanos». Por todo ello, Don Jaime manifestaba que «me considero y me he considerado siempre como un socialista sincero, en el sentido exacto de la palabra».

Entroncando con la tradición fuerista de las Españas, Don Jaime tampoco dudó en afirmar que «en un sistema netamente regionalista como el nuestro, España vendría a ser una confederación de Repúblicas gobernadas por la Monarquía», insistiendo en que «ninguna colectividad política ha sostenido con el tesón que nosotros venimos sosteniendo desde hace un siglo la imprescindible necesidad de devolver a los estados regionales su personalidad histórica y jurídica», es decir, la reintegración foral plena, mientras que «los partidos autonomistas de reciente creación han venido todos a instruirse en nuestro caudal histórico».

Noventa años después, muchas cosas han cambiado en la sociedad española, pero también ciertas oligarquías se han perpetuado a través de sucesivas reformas políticas, de tal forma que lo que nunca ha cambiado es la estructura socio-económica y la «unidad constitucional» del Estado español. Ante esta realidad, los firmantes consideramos que las ideas emancipadoras de Don Jaime de Borbón acerca de una redistribución justa de la riqueza, de la pluralidad federativa de las naciones hispanas y de la voluntad popular como criterio determinante de la naturaleza de la Jefatura del Estado, continúan siendo tan modernas, necesarias y actuales como en 1931.

*Firman también: Manuel HERRERA (Castilla), Pere GUAL (Catalunya), Antonio GIL (País Valencià), Juan José GARAY (Euskal Herria), Salvador GÓMEZ DE ARTECHE (Mallorca), Juan CERRILLO (Andalucía), Javier CUBERO (Asturies), Manuel LODEIRO (Murcia), José Luís DORESTE (Canarias), Jesús María ARAGÓN (Euskal Herria), Ximo CAMPANA (País Valencià), Robert VALLVERDÚ  (Catalunya),  Manuel MARTORELL (Euskal Herria), Luis MARTÍNEZ GARATE (Euskal Herria), Marisa MARTÍN (País Valencià), Arturo ESTÉBANEZ (Castilla), Ferran LUCAS ZARAGOZA (Catalunya), Iciar ANGLÉS (País Valencià), Fernando SÁNCHEZ ARANAZ (Euskal Herria), Josep M. SABATER (País Valencià), Manuel FERNÁNDEZ DE SEVILLA (País Valencià), Xavier CARBONELL (Catalunya), Miguel SARALEGUI (Euskal Herria), Assumpta CABRÉ (Catalunya), August MONZÓN (País Valencià), José Javier LÓPEZ, Albert VANCELL PUJOLS (Catalunya), Miguel DELGADO ORTIZ (Catalunya), Javier ONRUBIA REBUELTA (Castilla), Félix Ángel HERRERO DURÁN (Andalucía), Francisco Álvaro CASTILLO MORÓN (Andalucía), Javier ALDAZ (Euskal Herria), Joaquín BARRACHINA (León), Javier LIZÁRRAGA (Euskal Herria), Luis SIERRA-SESÚMAGA (Euskal Herria), José María PORRO (Euskal Herria), Frederic TORRES FERRANDO (País Valencià), Maribel ALZÓRRIZ (Euskal Herria), Víctor CERVERA (Catalunya), Antonio TORRES FERRANDO (País Valencià), José Ramón RINCÓN (Castilla), Josep MIRALLES (País Valencià), Cesc PUCHOL (País Valencià), Alberto QUEROL (País Valencià), José Antonio COB PAMPLIEGA (Castilla), Pepe ROGER (País Valencià), Xavier CLARET (Catalunya), Mercè FONDEVILA (Catalunya), Rafel CLAPERS (Catalunya), Beatriz PINILLA (Catalunya), Cisco MIRALLES (País Valencià), Antoni MIRALLES (País Valencià).

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