Leo la noticia a la letra: El Tribunal Supremo español ha confirmado el procesamiento por rebelión y malversación de la cúpula independentista de Catalunya. La lamentable calidad jurídica de esta grave decisión se desvela tristemente en estas palabras que reproduzco también a la letra: calificar de rebelión lo sucedido en Catalunya, afirma el Supremo, es «suficientemente razonable» porque se produjo un «alzamiento» con un uso «torticero» del poder.

La locución «suficientemente razonable» implica una debilidad en el convencimiento del juzgador si hacemos uso de las modernas teorías sobre los verdaderos contenidos implícitos del lenguaje. «Suficientemente razonable» conlleva una escapatoria del solemne juicio.

El uso del término «torticero» implica, según las mencionadas teorías del lenguaje, la voluntad de impresionar con un sonido retórico inhabitual a la ciudadanía que no quedaría impresionada con el término «injusto», que es lo que significa torticero. El ciudadano español del común entusiasmará aún más su anticatalanismo tras saber que los catalanes son «torticeros».

El Tribunal Supremo asume el delito de rebelión por el que optó en «principio» el juez Llarena, aunque no se «descarta» que en la sentencia definitiva los hechos pueden ser calificados penalmente de otra forma, como es la secesión, que no comportaría el medieval escándalo de tener treinta años en una celda a unos electos en razón de que pretendían de modo absolutamente pacífico y dialéctico la libertad de su nación.

La rebelión es delito nacido en otras circunstancias históricas en que se trataba de reprimir alzamientos militares, lo que no ocurrió en Catalunya aunque algunos manifestantes se defendiesen físicamente de la policía que les agredía incluso con proyectiles muy peligrosos. O ciudadanos que hicieron oposición a la guardia civil, que actuó muy violentamente no como cuerpo policial sino como detentador de un poder político institucional dada su autarquía para proceder por su cuenta a la calificación moral y política de ciertas posturas que luego son investigadas por el poder judicial como procederes punibles. Ni el presidente Trump se atreve a este tipo de procedimientos.

Esta es la situación en un país declarado como de mayoría católica aplastante por el entonces presidente del Gobierno, con púlpito moral en la Moncloa. Ya sé que el Gobierno actual no está formado por creyentes, lo que no deja de producir una vez más una paradoja española.

Y ante esta situación de creyentes que no creen y de demócratas que evitan la libertad de pensamiento y de los correspondientes procederes para ejercerla, me permito añadir brevemente lo que sigue, que asimismo brindo a los brillantes prelados de la Corona que inciensan solemne y regularmente a los monarcas en ejercicio.

En 1968 el Consejo Mundial de Iglesias emitió el siguiente comunicado en su reunión de Beirut, a la que asistió la Comisión de Justicia y Paz de El Vaticano: «Son posibles las revoluciones sin uso de la fuerza. Todo nuestro esfuerzo debe dirigirse a lograr el cambio pacíficamente. Sin embargo, cuando el derecho en uso está enraizado en el status quo y quienes lo sustentan no permiten cambio alguno, la conciencia humana puede llevar a los hombres a una revolución violenta como último recurso, en plena responsabilidad claramente aceptada, sin odio ni resentimiento. Una grave culpa pesa entonces sobre quienes se opusieron al cambio»

Pero dejemos los términos religiosos utilizados en esta querella y adoptemos una posición estrictamente filosófica y simplemente moral acerca de la violencia. La violencia significa llanamente uso de la fuerza para proceder a una opresión tangible –violencia injusta– o uso de la fuerza, en este caso de tipo protestatario, para defenderse de esa opresión inaceptable –violencia justa–. Por ello es indigno hablar de entrada y con tono acusatorio de violencia unilateral a la practicada por unos seres humanos que para lograr una convivencia aceptable han de recurrir a posturas revolucionarias. Rememoro con emoción los días en que una serie de catalanes beneméritos iniciaban en Barcelona –siempre en Catalunya– la batalla por sentar en la misma mesa a los perseguidos comunistas con los acosados cristianos para proceder conjuntamente a la defensa contra el fascismo alzado en armas. La reunión trataba de determinar democráticamente hasta qué punto había de llegar la violencia defensiva de la libertad en todas sus dimensiones.

Mientras yo releía la historia un ministro del señor Rajoy, el señor Zoido, advertía con amenaza a los independentistas catalanes que «presionar a los jueces, periodistas y policías –simplemente presionar con manifestaciones, pintadas, muestras de rechazo con exhibición de banderas– era violencia punible». Esa misma línea parece defenderla el señor Sánchez ahora en La Moncloa. ¿De dónde sacará España cabezas tan simples y en tan elevado número para constituir todos sus gobiernos? El movimiento autoliberador de Catalunya practica las actuaciones descritas para abrir brecha a su libertad –a nuestra libertad–. Eso acontece y poco más.

Lo que no deja de sorprenderme en un Estado laico como es oficialmente el español es que se incorporen a la defensa de la españolidad actuaciones religiosas públicas verdaderamente notables para ensalzamiento de la unidad intangible de la patria: procesiones con presencias institucionales, misas de campaña, obligaciones litúrgicas para los militares… Y esto último sucede con el beneplácito institucional. ¿Es violencia o no es violencia incorporar a Dios a esta batalla política? ¡Qué más quisiera yo, como cristiano verdadero y comunista republicano, que los parados, los jubilados, los inmigrantes y las mujeres del último escalón laboral pudieran pasear a San José Obrero escoltado por la legión o por la Guardia Civil engalanada! ¡Qué más quisiera yo que ver a los grandes empresarios recibir en sus asambleas al rey mientras se esparce el incienso bendito en la lectura del decreto mejorando los salarios y el poder laboral en las empresas!

A mí me parece que nuestros dirigentes políticos han aceptado las treinta monedas por entregarnos a todos y luego se han subido a la higuera no para ahorcarse en su desesperación tras la deslealtad practicada sino para descabezar una magnífica siesta laica.

Pero dejemos la incursión a lo religioso, como escribí al principio, y ciñámonos a la moral humana, que aunque escasa, también existe. Volvamos a Catalunya. Todo progresista ha de moverse con un respeto especial a la capacidad de invención de cada ciudadano y de su nación. Cauterizar agresivamente la libertad equivale a dejar en la piel la permanente huella del atropello de la soberanía de ese ciudadano. Y eso tiene mal arreglo. No basta decir cínicamente, como ha expresado el señor Sánchez. que la cuestión catalana va a durar muchos años. Al pie de esta inicua postura los republicanos españoles y los republicanos catalanes han de encontrarse, mutuamente soberanos, en un esfuerzo común por el logro de una democracia cierta. Cierta y pronta. Yo no tengo la menor importancia, pero me gustaría morir en mi fe cristiana y mi dignidad comunista. Echando alpiste a mis gorriones.