Si tengo que elegir un buen retrato del clientelismo y las corruptelas corporativas, me quedo con ‘‘El apartamento’’ de Billy Wilder. Baxter trabaja como oficinista en una aseguradora de Nueva York. Esperanzado con un ascenso, el muy pringado cede la llave de su apartamento a sus superiores para que lo utilicen como picadero. Cuando la trama de favores llega a oídos del jefe, Baxter se adelanta a improvisar una excusa. Cuatro manzanas podridas no contaminan todo un barril. Lo que Baxter todavía no comprende es que también el jefe quiere las llaves del apartamento. «Cuatro manzanas, cinco manzanas. ¿Qué más da?».

Esta semana ha reventado por fin la sentencia del «caso De Miguel», el mayor episodio de corrupción que ha conocido nuestro oasis vasco. Diez años de investigaciones desde que Ainhoa Alberdi se atrevió a denunciar lo que otros callan. Que las mordidas, aquí y en Lima, han formado parte habitual de la concesión de contratos. El 4% de Convergència y sus intermediarios en el «caso Palau». El 3% que denunció Correa en la trama Gürtel del PP. Los 680 millones de fraude de los ERE del PSOE de Andalucía. Ahora, con sentencia de por medio, cae la trama de comisiones de la plana mayor del PNV en Araba.

La sentencia es implacable. Trece años de prisión para Alfredo de Miguel por delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Esa condena se extiende con penas de diversa severidad hacia otros nombres de la cúpula. Koldo Otxandiano y Aitor Telleria, dirigentes del PNV en Araba. Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco. Iñaki San Juan, exconcejal del PNV en Leioa. El cobro ilegal de comisiones suma un total de quince condenados.

En cuanto conocimos los pormenores de la sentencia, Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar se apresuraron a ofrecer explicaciones. Y a lavarse las manos. El lehendakari pidió perdón pero exculpó al PNV porque los delitos «responden a actitudes particulares». También Ortuzar tiró de disculpas pero insistió en desmarcar a su partido. «No es una sentencia contra el PNV». Más tarde, cuando le preguntaron por qué nadie había sospechado nada, Ortuzar evadió toda responsabilidad. «Yo no estaba en esa época». Pero la excusas chirrían. Ortuzar era presidente del BBB y miembro del EBB en el momento en que Alberdi denunció la trama.

Tanto Urkullu como Ortuzar se han desentendido de los condenados. Nada que ver con el PNV. Pero la hemeroteca es un testigo incómodo. En 2012, el Parlamento Vasco aprobaba las conclusiones de la comisión de investigación del «caso De Miguel» con el único voto en contra del PNV. María Eugenia Arrizabalaga, parlamentaria jeltzale, cargó contra el informe y defendió varias adjudicaciones de contratos que se han demostrado fraudulentas. Los acusados del «caso De Miguel» nunca han estado solos. El propio Joseba Egibar ha denunciado la «incriminación pública» contra los ahora condenados y ha defendido su inocencia.

Cuatro manzanas podridas no contaminan un barril, pero hace tiempo que se ha extendido la podredumbre. En el oasis vasco, la corrupción no es un fenómeno aislado ni novedoso. Es difícil olvidar ahora el viejo caso de las tragaperras, aquella supuesta trama de financiación ilegal del PNV que los juzgados abandonaron en 2001 porque el delito ya había prescrito. En 1993, después de que Egin hubiera publicado reportajes sobre la trama, la Ertzaintza irrumpió en las instalaciones del diario y se apropió de varias cajas de información. La lucha contra ETA pudo servir de pretexto para poner zancadillas a la investigación.

El oasis vasco ha sido un jardín de condenas. En la Diputación de Bizkaia, Juan Ramón Ibarra fingía inspecciones de Hacienda que no se producían. Cuatro años y medio de trullo. En la Hacienda de Irun, una red tejida por José María Bravo trincó 1,9 millones de euros. Once años de trullo. El hermano del condenado, Víctor Bravo, fue director de la Hacienda de Gipuzkoa y senador del PNV. La Fiscalía de Gipuzkoa le reclama ahora nueve años de trullo por delitos fiscales. Al parecer, pudo facilitar un fraude de 1,8 millones para una empresa de la que era accionista.

Las instituciones vascas han sido un foco de indecencias. El ex diputado de Agricultura de Bizkaia José Luis Garai fue condenado por prevaricación en 1998. El ministro Acebes firmó su indulto en el año 2000. En 2015, el Ejecutivo de Bildu de la Diputación de Gipuzkoa denunciaba un fraude de 30,7 millones en las obras de la AP-1. El PNV da por cerrado el «caso Bidegi» pero el proceso sigue vivo. Donde sí se confirma un sobrecoste millonario es en las obras del TAV. El pasado mes de febrero, el Tribunal español de Cuentas revelaba que el tramo vasco de alta velocidad suma un desfase de 139 millones de euros en Gasteiz.

«Caso Guggenheim»: condena por desfalco y medio millón de euros sustraídos. «Caso Balenciaga»: condenas por administración desleal y falsedad documental. «Caso Karrantza»: diez millones volados y condenas por haber actuado «con culpa grave». «Caso Mallabia»: 391.303 euros volados y condena por malversación de fondos públicos. «Caso Margüello»: condenas por prevaricación. «Caso Erandio»: condena por prevaricación. «Caso Bakio»: condena por prevaricación. «Caso Muskiz»: condena por prevaricación.

Si tengo que elegir un buen retrato del clientelismo y las corruptelas corporativas, me quedo con ‘‘El apartamento’’ de Billy Wilder. Cuatro manzanas podridas no contaminan todo el barril, pero el jefe también se apunta y al final son cinco y lo que iba a ser una excepción termina convertido en la norma. Hasta que Baxter se planta. Igual que se plantó Ainhoa Alberdi en el «caso De Miguel». Hace falta gente que se plante. Gente que dé un manotazo en la mesa y diga que meter la mano en la caja está feo. Que las manzanas podridas enturbian la credibilidad de la política vasca. Hace falta limpiar el barril antes de que sea demasiado tarde y haya que talar el manzano.