El Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares (Pecim) en Brasil, fue creado por el gobierno de Jair Bolsonaro (2919-2022), a través del Ministerio de Educación. Aunque el programa haya sido cerrado por el actual gobierno de Lula, la militarización de la educación sigue avanzando gracias al apoyo de gobiernos estatales de ultraderecha.

En realidad se trata de una pequeña minoría de colegios que siguen adelante con ese programa, pero nada indica que no puedan ir creciendo gradualmente. Los centros que se definen como cívico-militares tienen autonomía en la implementación de su proyecto pedagógico, fuertemente centrado en la disciplina, que modela toda la formación de los estudiantes. Militares en la reserva participan como monitores que disciplinan a los alumnos.

Según un informe de CNN del 13 de julio de 2023, «el programa fue objeto de elogios y de críticas, además de denuncias de abusos de militares en las escuelas». Secretarios de Educación de los estados recibieron un oficio del gobierno que informa de que uno de los motivos para cerrar o discontinuar el programa se debe a que implica el «desvío de las actividades de las Fuerzas Armadas».

Además de estos centros, existen «colegios privados con inspiración militar, que buscan imponer reglas de conducta más rígidas a los alumnos», aunque no tengan relación con las instituciones educativas estatales. Entre las familias que apoyan a Bolsonaro, que recibió la mitad de los votos en las últimas elecciones y tiene una base social mínima del 25 al 30%, la cultura militar es un referente importante en un país racista con fuerte herencia colonial.

En esas escuelas, por ejemplo, los alumnos no pueden llevar el pelo largo y a las mujeres no se les permite usar pendientes u otros adornos, y es muy común la utilización de uniformes, algo que muchas familias aprecian como valores a conservar en medio de lo que consideran como decadencia de las costumbres tradicionales, muy ligadas al patriarcado.

Luego del cierre del programa, 19 de los 26 estados manifestaron que desean mantener o ampliar las escuelas cívico-militares, ya que sus gobiernos estiman que es «una oportunidad para atraer el apoyo de electores de la derecha en las próximas elecciones» ("Carta Capital", 14/07/2023). En esa dirección van dos estados importantes del sureste, como San Pablo (45 millones de habitantes) y Paraná (11 millones), que juntos representan un cuarto de la población de Brasil.

En San Pablo, el gobierno derechista de Tarcísio de Freitas pretende abrir hasta cien escuelas de ese tipo en los dos próximos años, tanto en las redes escolares del estado como en las municipales. En la Asamblea Legislativa de ese estado, la votación del proyecto fue acompañada de una fuerte represión contra estudiantes que se manifestaban contra la propuesta (“Agencia Pública”, 24/05/2024).

Pero el estado más proclive a estas escuelas es Paraná, donde dos tercios de los electores votaron a Bolsonaro. Durante la campaña del actual gobernador Ratinho Júnior, una de sus principales promesas fue la expansión del modelo militar de enseñanza. Actualmente existen 312 escuelas cívico-militares, 83 de las cuales fueron creadas después de que Lula cerrara la financiación del programa.

La ciudad de Londrina (en Paraná) es un buen ejemplo de la implementación del programa. Con más de medio millón de habitantes, está enclavada en una región agrícola con fuerte presencia de la soja. Entre los criterios para pasar al programa militar figura que el colegio esté localizado en un área con altos índices de vulnerabilidad social, o sea está orientado hacia los sectores populares que son los que la derecha pretende disciplinar con mayor rigor.

Un estudiante entrevistado por "Agencia Pública" sostiene que el objetivo de los colegios cívico-militares consiste en «concretar un laboratorio de militarización en la educación de la ciudad». La disciplina sigue las instrucciones de un manual del gobierno de Paraná que incluye normas sobre vestimenta, cabello y orientaciones diferenciadas para varones y mujeres. Para ellas se recomienda poco maquillaje y para ellos «no se permite el pelo rapado, dibujos, pinturas o cortes como mohawk o diseños en las cejas. Tampoco está permitido el uso de pendientes o piercings». Además, hay revisiones mensuales de cortes de pelo.

En mi opinión, este tipo de enseñanza persigue varios objetivos.

En primer lugar, expandir la cultura militar hacia el conjunto de la sociedad, en especial en relación con sus valores centrados en la disciplina, la familia y la supremacía masculina. La cultura militar siempre tuvo un peso importante en Brasil, particularmente después de la dictadura (1964-1985) y ahora es visualizada por las elites como una forma de asegurar el control de la sociedad y por los sectores populares como una medio para atajar las «desviaciones» de sus hijos e hijas.

En segundo término, se trata de una educación focalizada en los sectores populares para convertirlos en la mano de obra sumisa que necesita este período del capitalismo financiero. En una sociedad donde el 60% de la población no es blanca y la informalidad y el desempleo afectan a las mayorías, los modos de disciplinamiento no pueden realizarse dentro de las instituciones, a las que la mayoría no accede. Se busca un control social a cielo abierto, en un mundo donde el dominio del capital financiero deja por fuerza a las mayorías pobres y racializadas, a las mujeres y a los jóvenes.
 
Por último, debemos tener en cuenta que la militarización responde a la lógica de la acumulación por despojo o extractivismo. Este sistema económico va de la mano con la expansión de milicias paramilitares, ligadas a la financiación de grandes corporaciones mineras y agropecuarias, que usan sus servicios para despejar los territorios de pueblos originarios, campesinos y de toda población que les resulte molesta para la fluidez de sus negocios. La militarización de la enseñanza es funcional al modelo de acumulación.