Hubo un tiempo no muy lejano en el que la militancia del Partido Carlista luchaba contra viento y marea para que el Régimen del 78 reconociera la condición oficial de Víctimas del Terrorismo a Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, los dos antifranquistas asesinados en Montejurra 76. Gracias a la labor y el esfuerzo de muchas personas, entre las cuales se destacó el inolvidable abogado José Ángel Pérez-Nievas, el 5 de noviembre de 2003 se conquistó ese reconocimiento con una sentencia de la Audiencia Nacional que desautorizaba una resolución anterior del Ministerio del Interior. Por entonces gobernaba en la Moncloa el PP, que siempre se mostró hostil a cualquier catalogación de Montejurra 76 como una agresión terrorista.

Esa victoria marcó un antes y un después, pero no supuso el final del camino, porque si bien se reconocía que los sucesos del 9 de mayo de 1976 constituyeron un acto de terrorismo, en cambio, no se profundizaba en la naturaleza política de lo ocurrido en la emblemática montaña de Lizarra, porque el asesinato de Ricardo y Aniano no fue un acto de terrorismo cualquiera, sino que respondía a una forma de terrorismo muy concreta: el Terrorismo de Estado.

Veinte años después, el 9 de enero de 2023, en una rueda de prensa del Partido Carlista se informó de la donación de unos documentos que demostraban el protagonismo decisivo del primer Gobierno de Juan Carlos de Borbón en la organización, financiación y desarrollo del ataque terrorista. Esa documentación implicaba especial e inequívocamente al fundador del PP, Manuel Fraga, que en 1976 era Ministro de la Gobernación y Vicepresidente segundo del Gobierno central.

Poco después, y a pesar de la oposición particularmente beligerante del PSOE, el Parlamento de Navarra aprobó una resolución en la que se reconocía el papel de las «instancias gubernamentales» en Montejurra 76. Esta resolución motivó todo tipo de críticas por parte de ciertos señores ubicados en el ala izquierda del Régimen del 78, que persistían en la narrativa autodisculpatoria que en 1976 impulsó Manuel Fraga presentando lo ocurrido como «una pelea entre hermanos», un supuesto conflicto interno entre dos sectores igualmente carlistas.

El 26 de marzo de este año 2024, ante la justa insistencia del parlamentario Adolfo Araiz en el cumplimiento de la resolución aprobada sobre Montejurra 76, la Vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo Hualde, afirmó que Ricardo y Aniano ya tuvieron en su momento todo el reconocimiento que merecían como Víctimas del Terrorismo, cuando la realidad es que todavía se sigue cuestionando y ocultando la responsabilidad política del Estado en el crimen de su asesinato, como es el caso por ejemplo de la exposición permanente del Museo del Carlismo.

El 22 de abril, la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra inició el procedimiento de inscripción como «Lugar de Memoria Histórica de Navarra» del monolito de recuerdo de Ricardo y Aniano en Iratxe. Pero en la resolución gubernamental se insiste nuevamente en el esquema narrativo de los dos sectores partidarios de Carlos Hugo y de Sixto Enrique como el eje central de Montejurra 76. Si hasta hace poco lo máximo que admitía el Régimen del 78 era una supuesta dejación de funciones por parte del Gobierno y de la fuerza pública, aquí y ahora el Gobierno de Navarra está dispuesto a reconocer que la ultraderecha actuó «con apoyo en unos casos, y la connivencia en otros, de algunos aparatos del Estado». De esta manera se minimiza implícitamente el papel del Estado, relegado a un plano secundario de «apoyo» y «connivencia». Sin embargo, los documentos del 9 de enero de 2023, analizados por entonces tanto por el periodista Jesús Barcos como por el historiador Manuel Martorell, muestran una implicación del Estado muchísimo más decisiva.

El próximo jueves 30 de mayo el Gobierno de Navarra realiza un primer acto público de reconocimiento y reparación a unas doce víctimas de la violencia del Estado. Una noticia positiva por todo lo que representa este paso, pero nuevamente se ha perdido una oportunidad para reconocer que Ricardo y Aniano fueron víctimas de una agresión preparada e impulsada desde el primer momento por el Estado, una agresión diseñada con el triple objetivo de destruir al Partido Carlista, deslegitimar el liderazgo de Carlos Hugo de Borbón y desactivar Montejurra como espacio de reivindicación democrática y fuerista. ¿Por qué a ciertos sectores «progresistas» les cuesta tanto reconocer el protagonismo del Estado en Montejurra 76? ¿Por la relación de Juan Carlos de Borbón con la trama organizadora? ¿Por las conexiones con la estructura de lo que después fueron los GAL del PSOE? ¿O por la participación de numerosos neofascistas extranjeros vinculados a la Red Gladio de la OTAN?