Los represaliados son militantes políticos y por lo tanto no solo
 víctimas del conflicto. Militantes voluntarios que han sufrido la
 represión por participar en la lucha de liberación nacional y social
 de Euskal Herria. Como muy bien reconoce Amparo Lasheras, a los presos –y 
por ende, en nuestra opinión, al conjunto de represaliados vivos o 
fallecidos– hay que considerarlos como militantes comprometidos por la 
libertad de nuestro pueblo. Y ella teme que esta idea quede relegada 
en la resolución del conflicto, pues por encima de consecuencias tiene 
causas que combatir y metas que alcanzar.


La resolución del conflicto no vendrá exclusivamente por el fin de la 
lucha armada, la salida de los presos de la cárcel o el reconocimiento 
de algunos afectados por la violencia del Estado, incluido el 
terrorismo del Estado (guerra sucia). El conflicto político se ha 
generado por la negación a Euskal Herria de sus derechos nacionales. 
El fin del conflicto por lo tanto llegará con el reconocimiento de 
esos derechos. Como afirman los expresos, mientras no se supere el 
conflicto político seguirán existiendo represaliados y mientras haya 
represaliados no se podrá dar por superado el conflicto.


El discurso sobre los derechos humanos es legítimo en el sentido de 
que los militantes políticos han visto violados sus derechos por la 
represión del estado. Sin embargo es necesario dar un paso más porque
 si no se vuelve a reincidir en el tema de las víctimas, escondiendo el
 carácter político de los represaliados. Los expresos nos recuerdan
 que su despolitización trae consigo la despolitización de las luchas 
populares y facilita su criminalización pues aparecen ante los ojos de
 los ciudadanos como delincuentes o criminales, ofreciendo facilidades 
a los estados para seguir vulnerando sus derechos. La situación actual
 en este sentido en Euskal Herria confirma la verdad de esa
 afirmación. El propio Patxi Zabaleta reconoce que el conflicto de los 
presos –y el de todos los represaliados, añadiríamos nosotros– debe
 abordarse desde un punto de vista político y no penal, ya que en el 
origen del conflicto armado –y del conflicto en general– existen 
razones políticas y las soluciones deben ser también políticas.


La paz, como nos recuerda Antonio Lozada de las FARC, requiere un
 proceso de verdad, justicia y reparación integral. Sin embargo, eso no 
será posible si no existen garantías de no repetición y eso, nos dice,
 solo será posible si se superan las causas políticas que dieron lugar
 al conflicto. Para él la rebelión es un derecho reconocido por la ONU
 ante una situación de injusticia, opresión y falta de soberanía. De
 ahí que esas causas del conflicto den legitimidad a los luchadores y 
por eso mismo estos tienen derecho a salir de las cárceles y a que no 
entren más militantes en ellas. Ese es el sentido, creemos nosotros,
 que el escrito de los expresos otorga al concepto de amnistía.


La memoria no debe anclarse solo en el recuerdo de los sufrimientos 
del pasado ni en el dolor de los afectados. La memoria de los
 militantes debe apuntar al reconocimiento de su contribución a la
 lucha por la liberación de nuestro pueblo y a su esfuerzo y sacrificio 
por defender esta causa justa.


La justicia no debe ser entendida únicamente como el espacio de los 
tribunales, sobre todo de los tribunales españoles. La verdadera
 justicia tiene que ver con el camino emprendido por nuestro pueblo en
 la búsqueda de su libertad contra la opresión de los estados. Por ello 
los expresos afirman que la lucha de los represaliados ha sido 
responsabilidad del pueblo y la libertad de ellos, por consiguiente, 
también deberá serlo.


La verdad no es exclusivamente el relato de las diferentes partes de 
las heridas producidas por el conflicto. La verdad para nosotros es la
 verdad de los derechos nacionales y sociales conculcados por los
 estados opresores y la verdad de sus militantes que lucharon por ellos 
para construir un espacio de libertad y justicia social para todos.