La oposición del Consejo de Estado a que el Gobierno siga utilizando al Tribunal Supremo para impugnar la investidura del Sr. Puigdemont como president de la Generalitat Catalana reviste una importancia tal que deja al Sr. Rajoy solo ante sí mismo y confirma, sin precisión de más pruebas, la comisión de un posible delito público de gran calado: la escandalosa subordinación de la justicia al poder ejecutivo. Una juez de gran prestigio, Mercedes Alaya, ya ha denunciado en la Universidad de Granada la «injerencia cada vez más “socavadora” del poder político en el judicial». Después de la delación que implícitamente entraña este posicionamiento del Consejo de Estado, la colusión fáctica del poder judicial y del ejecutivo ante Catalunya resulta inocultable y ha roto la confianza del ciudadano común en la limpieza jurisdiccional y de paso se ha llevado por delante al poder legislativo ¿Podría haber incluso prevaricación en la decisión de nulidad que emita el Supremo en torno a la elección del presidente catalán? Por su parte la Moncloa ha pasado de un ejercicio absolutamente epidérmico y falaz de la democracia a un comportamiento abiertamente dictatorial al amortizar de hecho la separación de poderes. El fascismo progresa embarcado en una Constitución que ha resultado un aborto de la libertad. ¡Pobre democracia, tan poca y tan podrida!

¿Pero esta posición del Sr. Rajoy de jugar con un poder omnímodo –todo es lo mismo, tribunales o gobierno–, tan comprometedor para una Europa que está luchando por enmascarar su autoritarismo, ha sido adoptada personalmente por un Rajoy convencido de lo que hace, aunque sea influido por sus colaboradores radicales, como la vicepresidenta del gabinete, o le ha sido impuesta por la Corona, que ha querido poner en Davos el parche antes del pinchazo inevitable de la monarquía? ¿Estamos ante una situación de emergencia del propio Rajoy o de una etapa muy peligrosa para la dinastía?

Digo todo esto tras revisar otra histórica conmoción sísmica acontecida, más o menos por el estilo, el 13 y 14 de abril de 1931, que es cuando se decidió que Alfonso XIII partiera para el destierro ante la resurrección de las masas republicanas. Ya sé que hablo de paralelismo y no de coincidencia ¿Pero estamos en otro momento potencial de consunción monárquica como estaba España en abril del 31? Si fuera así hay que tener en cuenta que los Borbones son bipolares y pasan súbitamente del miedo al uso inmoderado de la fuerza represora. El 13 de abril de 1931 el monarca había reunido en palacio a las personalidades más sobresalientes del gabinete Aznar más ciertos personajes como el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, ya dividida entre la monarquía y la república. Alfonso XIII quería saber con quién contaba. Era el momento del miedo insuperable. Las respuestas fueron definitivas. El rey aceptó sin chistar la huida –porque hubo huida vergonzosa con abandono de familia– alegando que no quería verter sangre española, lo que no fue óbice para que poco después apoyara desde Roma el levantamiento de Franco contribuyendo al crimen de lesa patria con su prestigio entre los monárquicos europeos y una sustancial aportación económica para adquirir armas en la Italia de Mussolini.

Ya sé que no son los mismos tiempos en cuanto las formas, pero empujan a la pregunta: ¿a que fue realmente Felipe VI a Davos? No creo que buscase un incremento comercial o un apoyo financiero; eso es labor propia del gobierno. No creo tampoco que fuera a estrechar vínculos con los verdaderos propietarios del mundo; esos están ya con el monarca en la cruzada del neoabsolutismo. Pero insisto: ¿qué hizo realmente el rey en Suiza? No conozco, al menos yo no conozco, una nota explicativa del gabinete Rajoy sobre este viaje de la corona coronado por una frase delatora: «En España existe la ley» ¡Ah, caramba! ¿Acaso fue a explicar Felipe VI el posible y peligroso reverdecimiento del republicanismo español estimulado por la determinación pacífica del republicanismo catalán? Un reverdecimiento que quizá entrañará ciertas reflexiones en una Europa Unida, que cruje por todas sus cuadernas y solamente le faltaba el enredo español. Lo pienso, lo medito, lo sospecho, incluso. Un republicanismo vencedor en la nación peninsular más avanzada, Catalunya, estimularía en muchos terrenos una postura nueva en Europa. La Sra. Santamaría debió por su parte pensar en ello cuando se dirigió al Sr. Puigdemont para preguntarle si es que quería balcanizar Europa. Por lo visto la regresión de las naciones menos poderosas de la Unión hacia sí mismas para decidir su futuro está en el telar de sus ciudadanías. Y Catalunya podría representar un verdadero e incitador poder político en ese ámbito tan decantado históricamente hacia el Mediterráneo.

Lo único real por ahora es que una corporación que aloja gente que tiene una edad poblada de experiencia como es el Consejo de Estado ha de ver normalmente irracional o extravagante el empleo escandaloso de la justicia como verdadero actor político –una justicia también dividida ya– de los encarcelamientos coloniales y de la fuerza armada que da un color decimonónico, cuando no, fascista, a la vida española, tan extemporánea en sus aconteceres.

Pero todo lo anterior se agrava si tenemos en cuenta que el supuesto delito de que se acusa a muchos catalanes para convertir España en un campo más de reclusión es el delito de rebelión, figura penal acerca de la cual la ciencia jurídica opone actualmente graves reparos; tantos, que en muchos países ha dejado de existir esa figura de delito transformada hoy en delitos políticos ante los cuales el rigor penitenciario es muy discreto y tiende a ceder plaza ante las negociaciones políticas. El profesor Rodríguez Devesa llega a decir «que en principio no puede admitirse un cambio violento del ordenamiento jurídico, pero está fuera de duda que cuando el Estado no cumple su misión de asegurar la convivencia, cuando la injusticia se convierte en sistema, el Estado debe ser destruido». El profesor citado defiende con energía, repito, el derecho de defensa de una colectividad desdeñada.

Demos, pues, algunas vueltas a eso de la rebelión con textos profesorales en la mano que destacan en el término rebelión un severo carácter inspirador de orden militar decimonónico para enfrentarse a los numerosos levantamientos masivos en pueblos colonizados interior o exteriormente y contra los que se empleaban recursos armados para eliminar la  agresión a la fuerza pública o a los representantes del poder en un horizonte abiertamente bélico.

La rebelión está efectivamente caracterizada por el uso de armas por parte de los rebeldes levantados, por las destrucciones públicas, por el terrorismo, por el corte severo de comunicaciones, por la turbulencia de las masas… ¿Y acaso los nacionalistas catalanes deterioraron la paz con acciones de tal carácter? ¿No fue el Gobierno de Madrid el que hizo muchas de esas cosas, desde la violencia que practicó contundentemente hasta los encarcelamientos «preventivos», para contener el «terrible crimen catalán», consistente en manifestaciones y peticiones pacíficas para exponer unos derechos que les han sido negados con cruel torpeza? Unos derechos que desde hace unos años trató de administrar la Generalitat mediante una Autonomía reformada y enriquecida con la aquiescencia además del Parlamento español, sin obtener más respuesta, de nuevo al margen de la política, que la represión judicial subrepticiamente estimulada por quienes invalidan a su propio Parlamento. Ahora ya es posiblemente tarde para circular por la vía del diálogo inteligente y noble que ha ido destruyendo el Sr. Rajoy con una inepcia de la que trato de averiguar el verdadero o verdaderos beneficiarios. Davos, Davos; Bruselas, Bruselas…