Hemos sufrido la violencia del Estado. Una violencia evidente, tasable, mensurable. De un Estado que ha ejercido esa violencia, en algunos casos por medio de mercenarios, paramilitares, descontrolados... y, en otros, uniformados. Se nos han vulnerado los derechos humanos de la manera más flagrante, con la fuerza, los fondos y el encubrimiento que otorga el Estado. Por eso, precisamente, somos víctimas, tres veces víctimas: en primer lugar, víctimas de la violencia; en segundo lugar, de la impunidad; en tercer lugar, de la discriminación en derechos de reconocimiento y reparación, de verdad y de justicia.

Los últimos tiempos nos esforzamos por la implementación de unas leyes que han empezado a acogernos. La Ley 12/2016 vasca y la Ley 16/2019 navarra, que nos sacan de la opacidad en la que nos han querido ocultar. Esas leyes rompen el muro de la negación, pero todavía nos acogen de forma asimétrica entre nosotras. Nos amparan en unos periodos de nuestras vivencias y de nuestro dolor, nos dejan desprotegidas, a la intemperie legal, en otros. Nos relegan a años luz del reconocimiento institucional y de la reacción del Estado que se les ha prodigado a las víctimas de ETA.

Sin embargo, los últimos días nos hemos encontrado con un salto en esa discriminación que nos considera de segunda categoría, si es que nos considera. Hemos seguido atónitas el episodio por el que se nos ha expulsado de la dirección de Gogora. En ella se debían designar cinco representantes del Parlamento, siendo que entre ellos estarían dos víctimas de ETA. Con todo merecimiento, entendemos que está más que justificada su presencia. Lo que no entendemos es que quienes nos han relegado no considerasen igualmente inexcusable nuestra participación.

Hemos sido excluidas, también, de un acto de las Naciones Unidas en Gasteiz donde se anunciaba se iban a tratar las necesidades de las víctimas del terrorismo. Se ha permitido participar a víctimas de todo el mundo, con excepción de aquellas que aquí sufrimos el terrorismo practicado por el Estado, en sus múltiples formas, facetas y épocas.

Y, por fin, nos hemos sentido dolidas por los actos de enaltecimiento y glorificación de unos de nuestros victimarios, en una céntrica plaza de Gasteiz. La falta absoluta de depuración de las responsabilidades de la Guardia Civil y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado nos lleva a interpretar que, cuando se les aplaude por los servicios prestados, se les aplaude también por la tortura, por las ejecuciones extrajudiciales, por las desapariciones que perpetraron y se les promete total y absoluta impunidad. Por todas las violaciones de derechos humanos que nos perpetraron. Cuando se les prenden medallas en el pecho, no podemos sino sentir que es en reconocimiento por todas esas prácticas perpetradoras de violaciones de los más elementales derechos humanos, por su desempeño en causarnos dolor y traer sufrimiento a este país. Todo por su patria.

Es por eso por lo que nos vimos obligadas a mostrar nuestro rechazo y, una vez más, mostrar nuestro sufrimiento, exponer a la sociedad nuestras heridas, nuevamente reabiertas, en un acto en otro espacio en Gasteiz, acompañadas de otras tantas y tantos como nosotras. Pero lo que nos ha dolido especialmente es que la señora Garmendia, delegada del Gobierno, nos interpele. Y que nos interpele mintiendo: «todas las víctimas están asumidas por el Gobierno de España», dijo. Eso es, sencilla y llanamente, mentira, señora Garmendia, y usted lo sabe.

El Gobierno de España no ha adoptado ni una sola medida para reconocernos, repararnos. Menos aún para «asumir» ninguna responsabilidad. Tampoco para garantizar la no repetición. Las víctimas de ETA tienen una Ley de 2011 que, como reza su título, ofrece «reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo». ¿En qué ley nos vemos amparadas las víctimas de su Gobierno? Se reformó la Ley de Memoria Democrática en 2022, que acoge presuntamente el periodo de 1936 a 1978, es decir, desde el golpe fascista hasta la muerte del genocida y posterior aprobación de la Constitución. En dicha ley, más allá de declaraciones rimbombantes, no se nos acoge en ningún derecho. Las medidas administrativas e institucionales de reparación son inexistentes.

La justicia no se da por aludida, no interpreta que los crímenes de lesa humanidad que sufrimos no prescriben. Más doloroso aún, se propone una comisión de estudio que valoraría si entre 1978 y 1983 se continuó con la práctica de vulneración de los DDHH, todavía sin ningún resultado. Pero es que la supuesta democracia a la que se transitó continuó torturando y asesinando, tal y como las leyes vasca y navarra van poco a poco desvelando: ¿cuál es la forma, la vía, el conducto por el que el Gobierno de la señora Garmendia «asume» nuestra existencia y con ella, su responsabilidad?

Ni verdad, ni reparación, ni justicia, ni garantías de no repetición. ¿Qué declaración, qué reconocimiento, siquiera verbal, se nos ha prestado desde el Gobierno español? Ninguno. Nada. Porque para el Gobierno de la señora Garmendia no somos víctimas. Ni siquiera, como se nos ha nominado en su interpelación, las «otras» víctimas. Ni siquiera las víctimas de «abusos», tal y como insisten nuestros responsables autonómicos. Y menos aún del Estado. Tal vez algún caso aislado, cuando no se pudo ocultar y por la dimensión de los hechos saltó a tribunales, perpetrado por algún funcionario a quien se presentó como desatado, desmedido, desproporcionado, cuando en realidad era la práctica habitual.

Para la señora Garmendia y su gobierno somos no-víctimas. Y, por eso, nos dicen con arrogancia que lo van a repetir. Que habrá «segundas y terceras ocasiones». Que vendrán más hechos de enaltecimiento a nuestros victimarios. Que les seguirán honrando, condecorando, aplaudiendo en la mitad de nuestras ciudades, en esas que son también nuestras plazas. Que van a incidir en la humillación que estos actos nos producen. Que, aunque levantemos la voz y mostremos nuestro dolor, este es ajeno a su relato. Este no cotiza en su visión de la convivencia. Este no sirve para operar cambios, para que cejen en ciertas actitudes y comportamientos.

Y nuevamente, con la imposición de su relato, nos «obligan» a salir públicamente, nos «obligan» a luchar por nuestros derechos. A luchar por el respeto que merecemos, por nuestra identidad, por nuestros sentimientos, por nuestras vivencias, por nuestra mera integridad como personas. Seguiremos haciéndolo junto con la sociedad de Euskal Herria, con nuestra sociedad. A la que nos debemos. A la que debemos una convivencia justa, democrática, en la que quepamos todos y todas.