Demasiado distraídos por las «barcenadas», que hubiesen aburrido hasta a Quevedo, no nos apercibimos de artimañas políticas que consisten en apropiarse de un poder que algunos electos no han recibido. Así crece el desprestigio de la clase política.

En este momento de pactos a espaldas de los pronunciamientos de campañas electorales, convendría recordar datos testarudos que dan la verdadera medida de la legitimidad de la representación popular. La observación que sigue es aplicable a todos los partidos. Si los discursos salmodiados por la clase política están encaminados a convencernos de la legalidad evidente de su representatividad conviene debatir, también, sobre su legitimidad, poco evidente a la vista de un simple análisis de los resultados obtenidos.

Se sabe que el mejor aliado de los partidos políticos es la abstención. Los resultados anunciados después del escrutinio se refieren al número de votos emitidos obviando, además, los votos nulos y blancos. Los porcentajes así «obtenidos» dan la impresión de corresponder a representaciones debidamente acordadas por el pueblo, pero el examen de los datos nos dan un reflejo de la sustantividad de la delegación popular acordada.

Si se anunciaran los porcentajes obtenidos respecto al censo, la clase política comprendería la necesidad de la modestia, virtud ignorada o por lo menos olvidada de muchos, muchos políticos.
Los resultados respecto a los votantes o al censo nos desvelan diferencias cuyos efectos evidencian la legitimidad real en los pactos que se establecen encubriendo las taras del sistema.
Cuando oficialmente en el Parlamento de la CAV, el partido más votado, el PNV, «valorado» a 34,6% de los votantes en realidad no representa más que 22,4% de los ciudadanos con derecho a voto, es decir del censo. El segundo partido EH Bildu representa 25% de los votantes pero 16% del censo. Los partidos españoles más votados representan en el caso del PSOE-PSE 19% de los votantes y 12,3% del censo, en cuanto al PP 11,75% de los votantes y 7,6% del censo. Esa es la diferencia de delegación de poder de los votantes y del censo, es decir del pueblo palabra esta última que a algunos irrita.

Cuando examinamos esa realidad constatamos que el pacto PNV-PSE representa aparentemente al 54% aproximadamente de los electores pero en realidad no llega al 35% del censo es decir, a poco más que a un elector inscrito sobre tres. Así se establecen pactos que por declaraciones post pacto se descubren como alianzas ya que se trata de, ni más ni menos, «construir juntos el futuro» según declaraciones en el primer Pleno de política general del Parlamento de la CAV.
Es más ,se insinúa por parte del PNV que el acuerdo es trasladable al resto de instituciones, extendiendo el pacto actual al respeto de la lista más votada. Este procedimiento ya lo utilizó el PNV que acordó con el PSE  y con el PP desbancar a EA, más votado, y regalar Donostia al PSOE, para veinte años, clasificado en tercer lugar después de EA y HB en las elecciones municipales de 1991.

El veterano PSOE pasará factura al PNV más brillante Movimiento popular desde el comienzo del s. XX que Partido político, papel que le corresponde desarrollar desde los años 80 del mismo siglo y que practica con escasa experiencia. El PNV, hoy, parece más guiado por su obsesión hegemónica que por la voluntad política, material y cultural de la ciudadanía y parece dispuesto a alquilar su alma para quedarse solo en el por él pretendido abertzalismo.

El novio PSE ya ha accionado la primera alarma avisando a su novia que se enfrentará con ella si «saca del cajón planes soberanistas» precisión ofrecida en el momento en el que el PNV anuncia en el Parlamento de la CAV que se propone «actualizar nuestro estatus de autogobierno» proponiendo un acuerdo en el que todas las partes estén satisfechas. El consecuencialista  Aristóteles afirmaba que «el amigo de todos no es mi amigo». ¿Eso es gobernar? Café para todos pero descafeinado. ¿Para eso votamos? Difícil mejorar la campaña en pro de la abstención.
Me vienen a la memoria las recientes declaraciones de un VIP de la política española. Estos días, en un programa a su medida, ha querido llevarse «el gato al agua» afirmando que la Generalitat de Cataluña está situada en la misma hoja de ruta que inició ETA. Desde su alminar, ¿se considera legítimamente indicado para politiquear con su menos que 20% del censo electoral que obtuvo en las últimas elecciones al Parlamento Europeo? Piensa quizás, que su sustento del Cantábrico, que se agota, lo tiene que buscar ahora del lado del Mediterráneo.

No nos extrañemos del avance de la abstención que en las últimas elecciones al Parlamento de la CAV representó 36% del censo porcentaje superior al de la representación de la alianza PNV-PSOE que se limita a menos de 35 % de legítima representatividad. «Sí pero la ley electoral es esa». Estéril resignación por la que pasará a raudales la desconsideración de la representación popular si no se cambian procedimientos que, claro está, benefician a la clase política, juez y parte, que tendría que cambiarlos.

Algo podría optimizar la opinión sobre las elecciones disminuyendo la abstención. Con este objeto, convendría que los programas electorales, que como afirmaba un experimentado personaje político europeo, no comprometen más que al que los escucha,  tuviesen que ser contrac- tualizados con sanciones en caso de no respeto ante notario si es preciso y que el recurso al referéndum fuera constitucionalmente defendido. Por lo menos, ¿por qué no obligar a someter a referéndum tanto las iniciativas propuestas por representaciones políticas inferiores a 33% del censo como las no indicadas en sus programas electorales?  

Sin el respeto a la acción política, cuando su clase la merezca, no habrá convivencia democrática.