Apenas queda ya pendiente de sentencia alguna de las leyes forales de Navarra, aprobadas en la legislatura precedente y recurrida por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional. Una a una se han ido «cepillando» prácticamente todas las recurridas en tiempos de Rajoy y también alguna en tiempos de Zapatero.

La última ley foral dejada sin efecto es la número 16/2015 de 10 de abril. Tenía un título muy largo “De Reconocimiento y Reparación de la Víctimas por Actos de Motivación Política Provocados por Grupos de Extrema Derecha o Funcionarios Públicos”. Su contenido es elemental e indispensable para una convivencia democrática basada en los derechos humanos y en la democracia; es decir, una convivencia democrática basada en la igualdad y en la libertad. Por eso es un nuevo despropósito más esta sentencia del Tribunal Constitucional. Un despropósito más, que se suma muchos anteriores, de los que citaré solamente dos ejemplos: la revocación de la ley foral que propugnaba la asistencia sanitaria general y universal o la ley foral que limitaba las exenciones fiscales de los bienes de la Iglesia no dedicados al culto o utilización religiosa.

En el caso de la Ley Foral 16/2015 ahora anulada concurría la agravante de un siniestro antecedente, consistente en que la previa Ley Foral 9/2010 titulada “de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo” fue impulsada por UPN con el propósito del que luego presumían tan pomposamente de introducir una división en NaBai, dejando sin reconocimiento ni cobertura a las víctimas que no fuesen de ETA. La utilización, que entonces se hizo de la figura de las víctimas, era análoga a la que ahora se sigue tratando de hacer por algunos, aunque cada vez con menos éxito. Pretendieron y en términos de promulgación legal consiguieron, relegar a unas víctimas, pero en detrimento de la dignidad y ejemplaridad social de todas, lo que solamente se puede predicar desde la igualdad. Los promotores de la Ley Foral 9/2010 pretendían imitar y reproducir el ejemplo de «los caídos» del franquismo con su siniestro objetivo político; la prueba incontestable está en que ni siquiera se esforzaron en cumplir aquella ley, sino que presumían de haber creado una sima entre la izquierda abertzale y la españolista y haber hecho aflorar la división de NaBai con el patinazo de Batzarre.

La Ley Foral 16/2015 pretendió, entre otros objetivos, arreglar el desaguisado de la Ley Foral 9/2010, pero en su texto la mayoría del Tribunal Constitucional ha buscado la excusa de la existencia de una comisión, comisión que erróneamente han entendido que se introduce en el ámbito del quehacer exclusivo de la judicatura. Ni siquiera es así y cada uno de los varios votos particulares de la propia sentencia marcan pautas y soluciones más que suficientes para poder haber dado cauce al objetivo esencial y democráticamente irrenunciable que es el siguiente: todas las víctimas de la violencia practicada por motivación o impulso político deben ser declaradas y tenidas como tales y son acreedoras del derecho a la verdad y a la reparación.

Imponer la exclusividad de la condición de víctimas a las que lo son de una o unas de las violencias va en detrimento de la dignidad de todas las víctimas; y sobre todo, obstruye la posibilidad de que el ejemplo y la equiparación de todas las víctimas sirva como base para la igualdad en la convivencia democrática del futuro basada en los derechos humanos.

Los rebelados en 1936 eran responsables no solo de las víctimas ocasionadas en el bando contrario, sino también de las ocurridas en su propio bando. Mola, Franco, los requetés, los falangistas… fueron responsables no solo de los 3.500 fusilados en Navarra y de los fusilados en todas las demás partes, sino también de los muertos en sus propias filas, víctimas de aquella rebelión armada aunque el adjetivo sea redundancia.

El asunto es tan escandaloso que habría que recordar que en Navarra durante el periodo conocido como «último franquismo y reforma» los muertos por violencia de extrema derecha y abusos policiales son más que los muertos a consecuencia de la violencia de ETA. Pero ideológicamente la gravedad del tema se pone de manifiesto en la mera dignidad y comparación de las víctimas. Jose Javier Mugica es una víctima pero Gladys del Estal lo es de igual modo. Si ambos son declarados y reconocidos como víctimas, la sociedad tiene una base ejemplar para la convivencia que es la aportación emblemática de las víctimas para la paz.