El Cepross (Registro de Ministerio de Seguridad Social) recogió en la estadística de 2021 20.510 enfermedades profesionales, incluyendo 51 cánceres en el Reino y 6 en Euskadi. Durante los 11 meses del 2022, ese registro ha recogido 20.930 enfermedades profesionales, multiplicando las cifras de cáncer, que aumentan a 87 en él Reino de España y 41 en Euskadi (representa el 47% del total), de ellas el 65% causadas por el amianto, 8% por sílice, 8% por aminas aromáticas, 4,5% cromo, 3% cadmio, etc. Es necesario tener en cuenta que la mayoría de los afectados (39 de 41) no han causado baja por estar jubilados. Este aumento de cifras del cáncer profesional registrado, siendo positivo, no representa ni al 5% de la epidemia de cáncer laboral que sufrimos y causa del 53% de las muertes laborales, es decir, muchas más que los accidentes de trabajo, como señala la Comisión Europea. Aunque algunas instituciones de Euskal Herria traten de ocultar e ignorar la dramática realidad, haciendo innecesaria la inversión preventiva de las empresas.

Dichas cifras deben ser motivo de reflexión de la sociedad vasca, analizando las causas del alto índice de cáncer, especialmente de vías respiratorias, afectando a un alto número de jubilados tras trabajar en ambientes nocivos en la industria vasca. Reflexión que requiere aumentar la prevención frente a las sustancias cancerígenas presentes y asumir la Recomendación UE 2022/2337 de la Comisión Europea, que publicó el Diario Oficial de la UE el 30 de noviembre, animando a los agentes sociales a implicarse en el reconocimiento, declaración y prevención de las enfermedades profesionales.

Una perspectiva, por cierto, absolutamente contraria a la de algunos sectores «negacionistas» o involucionistas, empeñados en cambiar la Ley de Prevención de Riesgos y reducir el riesgo laboral al accidente de trabajo por caída de altura o atrapamiento, o quienes apuestan por reconocimientos médicos generales, olvidando la vigilancia especifica de la salud y prevención de enfermedades de origen laboral, como expresaba con descaro el responsable de seguridad del Grupo Gamesa en una sesión de sensibilización preventiva a los alumnos de EAGI de Lasarte-Oria, aun sabiendo que tras su intervención hablaría yo como afectado del amianto y portavoz de Asviamie.

De la misma manera que muchos ignoran la relación de la enfermedad que padecen con la actividad laboral desarrollada años atrás, o que la mayoría de estas enfermedades no son instantáneas como el accidente de trabajo, dado que se manifiestan décadas más tarde. Otros olvidan que, mientras trabajamos, cotizamos por accidente y enfermedad profesional cuya gestión concedieron a las mutuas patronales el 2006, siendo la principal causa del enorme subregistro de enfermedades profesionales que convierte a los trabajadores y trabajadoras del Reino de España en «muy torpes, pero sanos», tras comparar los altos índices de siniestralidad y bajo número de enfermedad profesional con otros países europeos. Tampoco puedo ignorar la resistencia de los profesionales sanitarios, incluida la Inspección Sanitaria y la Dirección de Osakidetza, a la hora de cumplir el Real Decreto 1299/2006, con su escasa «Comunicación de sospecha a Osalan», tras diagnosticar enfermedades incluidas en dicho Decreto que pudieran tener un origen laboral. Al parecer, los estragos producidos por el neoliberalismo han borrado de sus mentes el consejo del maestro B. Ramazzini a sus alumnos de medicina, aconsejándoles preguntar al enfermo sobre la fuente de su sustento, dado que puede estar el origen de la enfermedad.

Recuerdo hace veinte años, cuando sufrí un accidente in itinere. Tras ingresar en Osakidetza, rápidamente preguntaron, por la mutua que cubría mis contingencias profesionales y por el seguro del vehículo, para pasarles los costes hospitalarios. Era lógico, Osakidetza, como sanidad pública, financiada con impuestos de la ciudadanía vasca, no debía hacerse cargo de los costes sanitarios de un accidente de trabajo, dado que había cotizado por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Los gastos generados por los días de hospitalización, pasaron a cargo de Mutualia. Cuando uno enferma, acude al servicio público de salud, entre otras razones, por la garantía de atención sanitaria, no teniendo que enfrentarse al continuo rechazo en la mutua. Si el profesional de Osakidetza que le atiende observa que la enfermedad respiratoria o el cáncer pulmonar que padece van acompañadas de placas pleurales, parece evidente que la enfermedad deriva del amianto inhalado, estando obligado a comunicar sospecha para que Osalan investigue. Similar actuación requiere cuando observan a un trabajador de la industria con importante perdida auditiva, o una cajera de supermercado con lesión del túnel carpiano...

Los costes sanitarios generados por las enfermedades profesionales son importantes. Un estudio de Osalan realizado en 2008 situó en 106.056.881,6 euros anuales, es decir, el 3,3% del gasto sanitario público vasco. Un estudio publicado por el Ministerio de Sanidad en 2020: "Carga de cáncer atribuible al trabajo y su coste sanitario en España 2015", señala que el 6,2% del total de ingresos corresponde a casos de neoplasias atribuibles a exposición laboral y concluye que los costes sanitarios directos de los cánceres laborales en España el 2015 ascendieron a más de 157 millones de euros. Cantidades que vendrían muy bien para reforzar la atención primaria en el conjunto de la sanidad pública y para que las mutuas requieran a las empresas extremar sus medidas preventivas.

Por esa razón, resulta incomprensible la pasividad con la que los gestores de Osakidetza asumen el tratamiento de las enfermedades de origen profesional, con limitada «comunicación de sospecha» o sin pasar los costes sanitarios generados a las mutuas una vez que el INSS ha reconocido su origen profesional. El problema, a mi entender, bien merecería, una pregunta parlamentaria para subsanar los equívocos o fallos de gestión.