Si algo nos caracteriza en la Castilla profunda es que solamente saltamos cuando las circunstancias objetivas son insoportables. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con las protestas del barrio de Gamonal en Burgos, en 2014. Esta vez, es también Burgos quien se a convertido en un referente en la lucha por los derechos laborales. Por fin, después de años de abusos, trabajadores y trabajadoras con discapacidad del Centro Especial de Empleo CISA y la Fundación Aspanias se rebelan y hacen los días 16, 17, 23, 24 y 30 de setiembre una huelga de la mano de UGT y USO.

Según la agrupación de familias Aspanias Cambia, el Centro Especial de Empleo de la Fundación CISA, está perdiendo clientes a chorros y tiene un déficit de siete millones, de 3,5 millones de euros, según los representantes de la empresa.

Según denunciaron en varias notas de prensa el Comité de Empresa de CISA (Aspanias), esto se debe a la pésima gestión de la Dirección de Aspanias que ha sucedido al anterior Gerente José María Ibañez. Según estas notas, la ejecutiva de esta organización ha despilfarrado recursos en, entre otras cosas, el fichaje de asesorías externas de abogados y economistas.

Mientras tanto, la plantilla del Centro Especial de Empleo de la Fundación CISA paga las consecuencias. Así ha visto cómo se le ha negado la paga extraordinaria de junio y aún no saben cuando se les pagará y esa incertidumbre se repite mes a mes. De este modo la empresa: «ha incumplido las propuestas de acuerdo en el pago de nóminas que les ofrecieron desde los comités de empresa».

Este Comité de Empresa han pedido la vuelta de los trabajadores y las trabajadoras que aún están en situación de ERTE para mejorar la presentación de servicios de limpieza, jardinería y productos manofacturados que presta la empresa, mediante enclaves laborales. Lejos de hacer esto, CISA ha realizado una «sangría de despidos» de profesionales. Despidos realizados a través de burofaxes anónimos, sin firmar , con ausencia de todo tipo de diálogo social. Ante estos despidos, la dirección de Aspanias guarda silencio y deja hacer a las asesorías externas anteriormente dichas, en despachos profesionales en Madrid.

Esto influye en los servicios de limpieza que se prestando, no pudiendo hacer frente a los trabajos comprometidos con los clientes. También, afecta al servicio que se da a las personas con discapacidad usuarias de Aspanias, de ese modo, por ejemplo, se están vendiendo 17 de las 18 viviendas que la asociación tenía en propiedad. Por eso también se han unido a esta huelga los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Aspanias. De este modo, las luchas y los intereses sociales y laborales se entrelazan.

A todo esto se le suma que la Inspección de Trabajo ha dejado claro a la empresa que debe proporcionar al Comité de Empresa todos los datos económicos que sean necesarios. Aún siguen esperando que la Dirección de cumplimiento a esa petición. Por eso, ni yo, ni el Comité de Empresa os podemos dar más detalles del destrozo económico producido, al margen de la deuda millonaria anteriormente dicha. Esto me hace pensar que el estropicio sea mucho mayor.

Ante todo esto, el Comité de Empresa pide la intervención del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España a través del Protectorado Único de Fundaciones, este último debería ponerse al mando de esta Fundación.

Para poner la guinda a la situación, la dirección se niega a que se haga una auditoría de gestión, externa e independiente.

De todo esto saco varias conclusiones.

La primera es que, como llevo diciendo casi veinticinco años, el modelo asociativo asistencial lleva a una privatización encubierta. Dando origen a una categoría empresarial, repito, empresarial, subvencionada y protegida que se ha dado en llamar tercer sector. Estas entidades acaban teniendo como objetivo principal su propia existencia y no los servicios sociales que se prestan. Tanto es así, que muchas veces estas entidades tienen que ser intervenidas, rescatadas por las administraciones públicas. ¿Qué tal si intentamos apostar por el modelo de los Países Bajos y dejamos que la administración pública de el servicio directamente? Evidentemente, esto requeriría un Gobierno fuerte de izquierdas, que apueste por los Servicios Sociales Públicos y haga frente a un monstruo de administración paralela que ellos mismos han creado durante décadas. Pero... ¿Quién le pone el cascabel a este gato? ¿Quién desmantelará ese monstruo? La solución puede estar en aprovechar el Estado de las Autonomías y hacerlo en diecisiete veces, se me ocurre.

La segunda conclusión que saco es que definitivamente se ha cambiado el sentido de los Centros Especiales de Empleo, de ser una etapa transitoria al empleo normalizado, ha pasado a ser empresas especializadas en explotar personas con discapacidad, teniendo además, una imagen social inmejorable, algo que otras empresas intentan tener mediante programas de responsabilidad social y caros anuncios publicitarios sobre fondo verde. Además, estas empresas son subvencionadas y priorizadas por la administración pública a la hora de optar a una concesión, por ejemplo.

La tercera conclusión es que, aunque la solución definitiva sería cambiar el modelo, como he dicho anteriormente, urge tomar las siguientes medidas:

-Regular el RD 2273/1985 y el RD 364/2005.
-Aumentar la reserva en empresas ordinarias.
-Realizar auditorías obligatorias.
-Realizar inspecciones periódicas.
-Modificar la Ley del Sector Público y eliminar la reserva a los CEE.

Dicho esto, solamente me queda invitar a las personas afectadas por casos similares a denunciarlos públicamente y a las autoridades a investigar la situación de los Centros Especiales de Empleo. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo.