El Acuerdo PSOE-Podemos para los presupuestos, en lo que respecta a 2019, deja la situación de las trabajadoras de hogar exactamente donde estaba a raíz de la aprobación de la enmienda 6777 del PP en los presupuestos de 2018. Esta enmienda aplazaba hasta 2024 dos medidas que debían realizarse ya, desde 1 de enero de 2019: la cobertura de vacíos de cotización en el cálculo de las pensiones y la cotización por salarios reales.

Encuadrado en el apartado de Pensiones, el Acuerdo se limita a fijar, textualmente, que «se incorporarán dos nuevos tramos de cotización en 2019 en el sistema especial de empleadas de hogar, como paso previo a una plena incorporación en el Régimen General, que no puede demorarse más allá de 2021».  A partir de esto, hemos llegado a leer en comentarios periodísticos que se cobrará el desempleo, lo que el Acuerdo no garantiza más que a partir de 2021, caso de cumplirse el plazo. Por ahora y para 2019, no se ofrecen cifras concretas del valor de los nuevos tramos, y tampoco se incluye la valoración del impacto presupuestario que tendría la medida, valoración que aparece en otras muchas materias del Acuerdo. Se ha difundido (tenemos que hablar de oídas) que el tramo más alto correspondería a los salarios de 1.000€ en adelante.

A día de hoy, una parte de las externas a tiempo completo y prácticamente todas las internas cotizan por debajo o muy por debajo de sus salarios. La base máxima por la que se puede cotizar este año es 896,94€, a pesar de que legalmente a 60 horas de trabajo (la jornada real en el trabajo interno es casi siempre muy superior) les corresponden un salario de 1.357€, incluido el prorrateo de las pagas extras.

Con el nuevo salario mínimo de 900€, la base máxima de cotización en Hogar quedaría aproximadamente en 1.094€, que es el resultado de aplicar el incremento del 22% del salario mínimo a la base máxima de este año. Pero esto no lo traería el Pacto para las trabajadoras de hogar, esta es la manera como se ha venido legalmente haciendo desde que en 2012 el gobierno del PP interrumpiese el proceso de incremento de las bases máximas de hogar para acercarlas a los salarios reales y decidiese que las bases se incrementarían anualmente en el mismo porcentaje que el salario mínimo. La conclusión es que no se mueve nada, no se ha acordado una subida de dos tramos que signifique revertir en ningún grado la enmienda 6777; para eso hacía falta haber puesto tramos bastante más altos por arriba.

El Acuerdo tampoco rectifica en el asunto de la cobertura de vacíos de cotización para el cálculo de las pensiones. En Hogar, la gente genera muchos periodos no cotizados en su trayectoria laboral, por diferentes motivos. De acuerdo a la estadística de la ATH-ELE para 2017, un 32% de las internas se quedan en paro de la noche a la mañana por fallecimiento o ingreso en residencia de la persona atendida. También se les despide por coger una baja médica, por estar embarazadas… En ninguno de los casos tienen cobertura de desempleo, por lo que en el periodo entre uno y otro empleo no hay cotización. Tampoco cotizan durante, como poco, los tres primeros años que las migrantes pasan trabajando internas sin papeles, ahorrando al sistema de servicios sociales las cantidades ingentes de dinero que no se invierten en cuidar de otra manera a las personas en situación de dependencia.

La combinación de bases bajas de cotización y ausencia de cobertura de los vacíos tiene como consecuencia pensiones de hogar muy bajas y no solamente eso. También las prestaciones que se cobran por enfermedad, accidente o maternidad pueden estar muy lejos del salario que se recibe estando de alta.

La subida del salario mínimo en un 22% es una excelente noticia para el sector, por supuesto. Para que sea efectiva hará falta que se controle su cumplimiento. A día de hoy, de acuerdo a las estadísticas de 2017 de la ATH-ELE, el 82% de las internas no cobra el salario en metálico que le correspondería por la jornada semanal que realizan, y no hay control de la Inspección de Trabajo. Con un salario mínimo de 900€ al mes por 40 horas, al que deberá sumarse un precio por cada hora de exceso (serían 7 €), junto al consiguiente incremento del gasto en Seguridad Social por parte de los empleadores, la conclusión es que el gasto familiar en la atención domiciliaria privada se hará difícil de afrontar para mucha gente. Creo que las limitaciones del Acuerdo PSOE-Podemos tienen algo que ver con el anunciado propósito de no presionar económicamente a la clase media.

Hay muchas ocasiones en las que el trabajo de hogar no se contrata por puro gusto, responde a una necesidad imperiosa. En este punto, la política pública puede continuar ignorando la realidad de que los avances en derechos de las trabajadoras de hogar colocan en situación, a veces difícil, a quienes les tienen que pagar, que con frecuencia son pensionistas de jubilación y viudedad, y no precisamente clase alta. Se está gestionando políticamente este asunto en la confianza de que, como hasta ahora, el problema se resolverá por sí solo a base de la capacidad que tiene la parte empleadora de imponer condiciones por debajo de la Ley.

Las trabajadoras de hogar internas atienden a una población en situación de dependencia por edad o enfermedad, que en el 86% de los casos vive sola; ellas son su principal y a veces único recurso de cuidado. Algo más de la mitad de las externas también atiende a personas con una capacidad limitada de autocuidado; una parte son criaturas, pero la mayoría trabaja para mayores durante unas horas al día o a la semana. Cubrir estas necesidades de otra manera exigiría un gran gasto público, y gobierno va, gobierno viene, todos han jerarquizado el gasto del llamado Estado del Bienestar, colocando el cuidado en un lugar en el que son mujeres quienes acaban pagando la factura.

El Acuerdo de Presupuestos para 2019, prevé la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las empleadas de hogar. El convenio está resultando un excelente comodín para salir al paso de demandas que supondrían avances reales, Y tenemos el ejemplo en casa. La exigencia al Parlamento Vasco para que eliminase la exclusión que sufren las trabajadoras de hogar en las prestaciones que el Gobierno Vasco da al resto en las excedencias y reducciones de jornada para cuidado, acabó en la no derogación de la norma que les excluye y la petición a Madrid de ratificación del C189, todo en el mismo acuerdo parlamentario. Dónde vas, manzanas traigo.

El Convenio 189, de junio de 2011, fue un éxito del movimiento internacional por los derechos de las trabajadoras de hogar. En muchos países sirvió para que se plantease por primera vez que el trabajo doméstico asalariado es un verdadero trabajo, al que hay que reconocerle derechos. Incluso en la europea España, su mera existencia sirvió para que el gobierno de Zapatero se viese obligado a cambiar rápidamente las normas que hasta entonces regían el sector. En este momento, todas aquellas disposiciones sobre horarios, descansos, salarios, formalización escrita de las condiciones de trabajo, control de las agencias de colocación, intervención de la Inspección de Trabajo… no se cumplen, y ratificar el C189 no mejoraría el asunto. Hay dos materias en las que el convenio está por encima de la actual legislación del Estado español: la equiparación con el resto en derechos de seguridad social y el establecimiento de medidas de salud laboral para el sector. Pero ambas son de aplicación progresiva, sin más concreción, por lo que ratificar el C189 no las garantiza. Dicho sea de paso, aún no hemos conseguido que Osalan haga una guía que sirva para que trabajadoras y personas empleadoras conozcan las buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo doméstico y de cuidados, a pesar de llevar años pidiéndolo.