Expertos financieros como el Instituto BBVA de Pensiones, el director del Banco de España y diversos medios en sus secciones de economía, protestan por la vinculación de la revalorización de las pensiones a la inflación: «acarrea un desequilibrio entre sueldos y pensiones». La patronal CEOE tampoco quiere vinculaciones de salarios con el IPC real. Contraponen las pensiones a las precarias condiciones de la juventud buscando enfrentamientos.

Como si la inflación no tuviera que ver con los salarios, pensiones y beneficios. Ponen el grito en el cielo por la subida del 8,5% pero defienden y justifican la subida de más de un 200% de la factura eléctrica. Si el precio de los bienes y servicios producidos sube, el salario se tiene que adecuar a esa subida. En realidad, se trata de una revalorización. Eso es lo que se venía haciendo con las pensiones hasta que la reforma de Rajoy de 2011 introdujo el IRP, y el Factor de Sostenibilidad. El ministro Escrivá con la Ley 21 de 2021 cambió el IPC real acumulado anual por el IPC promedio anual tomado mes a mes, perjudicando a las pensiones.

En el precio culmina todo cuanto actúa en el proceso económico de un producto y, entre otras cosas, refleja el peso de los salarios y beneficios en la economía. Su variación mes a mes es el famoso IPC (uno de los indicadores más importantes de la economía). Claro que esto no ocurre con la factura eléctrica ni con algunos otros productos. Sencillamente no cumplen su famosa ley del libre mercado sino la de la oligomafia. Estos oligopolios han conseguido hacerse con dinero ajeno, el de los trabajadores y pensionistas, y también con el de las pequeñas y medianas empresas. Una transferencia de las cartillas de la población y de la cuenta de resultado de las PYMEs a la cuenta de resultados de estos oligopolios. Se han hecho dueños del Parlamento Europeo donde mandan y mangan a placer.

Si el precio varía por la inflación tiene que variar el salario en el mismo porcentaje para mantener su valor. Todo trabajo realizado devenga un salario justo; un trabajo a tiempo completo tiene que cubrir las necesidades del asalariado por completo; tiene que cubrir con suficiencia las facturas habituales del mes. Por la misma razón, 30, 35, 40 o más años de actividad laboral devenga una pensión calculada conforme a la norma establecida. Por eso los salarios, pensiones y desempleos figuran en el PIB como rentas salariales, como no podía ser de otra manera, y las tres contribuyen con el IRPF. Por eso las pensiones se deben considerar ingresos de la misma categoría que los sueldos de los diputados, funcionarios, jueces, políticos, etc.

Es patético que los «dueños del mercado» se agarren a la situación precaria de la juventud para arremeter contra el movimiento pensionista. Tranquilícense, esta situación es transitoria. Esa juventud explotada y contratada con condiciones laborales y salariales indecentes se levantará más pronto que tarde y exigirá lo que le corresponde. Contarán con un apoyo sin precedentes del movimiento pensionista, no quepa la menor duda. Somos personas mayores, no tontas. Esas lecturas manipuladas sobre las crisis económicas, las bancarrotas financieras, las escaladas del IPC, las inflaciones, los recortes no convencen a casi nadie.

Estamos viendo cómo pretenden normalizar la pobreza y extenderla. Quieren dar la vuelta al discurso: ahora, las grandes compañías energéticas, las multinacionales y los usureros financieros pretenden pasar por sectores vulnerables. Tienen la cara de presentarse como los damnificados de la situación. Piden dinero al Estado al tiempo que sostienen que hay que reducir el gasto en los servicios públicos universales. Qué impostura.

Sacan a colación una y otra vez la relación cotizantes pensionistas, el gasto que suponen las pensiones en los PGE, etc., tergiversando las cifras a su antojo. Pero nunca dicen la relación entre población empresaria y población trabajadora-pensionista que es de 1 a 15, aunque ese 1 se lleva tanto dinero como los 15 juntos. Podían pedir que no se destine un solo euro de los PGE para la guerra: en eso estaríamos de acuerdo. También se atreven a calificar el envejecimiento de la población en Euskadi como especialmente grave: ningún problema, tienen nuestro permiso si a su vejez no quieren contribuir a ello. ¡Estos sí que quieren volver al 36, pero al 36 antes de Cristo! Reaccionarios.

Afirman que nuestras pensiones son una carga para la población trabajadora vasca. Aquí hay una parte de verdad, pero no entera: así es y así era también cuando la actual generación pensionista trabajábamos. Sí, es la población trabajadora quien, además de sus propios salarios, genera las pensiones, y esa misma población junto a la población pensionista es la que carga con el 85% de la recaudación fiscal y los Presupuestos de los gobiernos vasco y navarro, y también la que carga con el 85% de los presupuestos de las cuatro diputaciones forales, y con el de los quinientos ayuntamientos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Y, además, también cargan con las infraestructuras viarias y redes de todo tipo, y para terminar también cargan con los enormes beneficios que se llevan ese puñadito de grandes empresas y oligopolios. Los trabajadores y trabajadoras son quienes fundamentalmente sostienen la sociedad. Las verdades se dicen enteras o son mentiras podridas. ¿Cuánto derecho tienen los salarios y pensiones en la economía? Calculen.

Déjense de milongas, que ya es hora de mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad, si queremos hacer frente a los retos globales. Los salarios, al igual que las pensiones, tienen que actualizarse revalorizándolas con el IPC real. Es lo que está exigiendo el movimiento pensionista; además, hay que garantizar una pensión mínima digna equivalente al 60% del salario medio, tal como señala la Carta Social Europea y acabar con la brecha de género y con las pensiones de miseria. Hay que subir el SMI a 1.400 euros. Dejen de buscar enfrentamientos entre jóvenes y mayores.