A principios del siglo XX gran parte de África y Asia eran colonias. Las versiones más duras del colonialismo aniquilaron y sustituyeron a las poblaciones autóctonas. Pero después de la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, cuya carta promovió las descolonizaciones, conseguidas no sin dolorosas luchas y algunas todavía pendientes. El sionismo se fundó a finales del siglo XIX con el fin de constituir un estado judío en Palestina, sustituyendo a sus habitantes por personas de religión judía venidas de todo el mundo.

El Convenio de Ginebra relativo a la protección a civiles en tiempo de guerra, prohíbe al ocupante expulsar o apropiarse de los bienes de las personas de los países ocupados. Pero Israel no permitirá su retorno, ni les devolverá sus tierras, casas, pozos... mientras no se vea obligado a ello. La resistencia armada palestina no es suficientemente fuerte para obligarle y la «comunidad internacional» no va a entregar armas sofisticadas al pueblo palestino, ni va a intervenir militarmente contra Israel, menos aún siendo una peligrosa potencia atómica. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio exige a los estados promover sanciones económicas y políticas, que ya fueron de gran ayuda para eliminar el apartheid en Sudáfrica, y son el medio pacífico que nos queda para obligar a Israel a detener la actual masacre y posteriormente posibilitar el retorno a sus hogares de los 5,9 millones de personas refugiadas, que junto a la abolición de las leyes israelíes de segregación «racial», religiosa, étnica y lingüística, prohibidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, permitiría convivir en igualdad de derechos en un solo estado aconfesional desde el río Jordán hasta el mar.

La economía israelí no se sostiene sin las relaciones privilegiadas que tiene con la UE y los EEUU. Particularmente importante es romper el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, lo que supondría poner aranceles que darían jaque a la economía israelí y le obligarían a negociar.

En Hego Euskal Herria hay una especial solidaridad con palestina y, por tanto, podemos ser una cuña que provoque el comienzo de una cadena de sanciones, aquí, en el Estado español y en la Unión Europea: la primera por su relativa «pequeñez» y cercanía sería que CAF abandone la ilegal construcción del tranvía que conecta Jerusalén con «colonias ilegales», proyecto al que ya renunciaron las principales empresas occidentales del sector: Siemens, Alsthon, Bombardier, Macquarie... También podemos ayudar boicoteando los productos de compañías cómplices con la opresión del pueblo palestino. Y la ciudadanía, los partidos, sindicatos y asociaciones, y las instituciones debemos promover sanciones que por ley obliguen a nuestras empresas e instituciones a romper relaciones económicas, militares, armamentistas, universitarias, científicas, deportivas, culturales etc. con el Estado israelí y con aquellas personas y empresas israelíes que no se opongan activamente al genocidio.

En este sentido, propongo a EH Bildu, Sumar y Podemos que hagan una campaña de mociones conjuntas en todas las instituciones, desde municipios hasta parlamentos, solicitando las ejemplares medidas que el 28 de febrero apoyaron en el Congreso y que en varios puntos también apoyaron PSOE y PNV y que incluían el embargo de armas a Israel, apoyar la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania, suspender el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea e Israel y suspender las relaciones diplomáticas con Israel.

Cada vez que una de estas mociones sea aprobada total o parcialmente en un pueblo, ciudad o parlamento, será un soplo de vida en Palestina y una bofetada a la crueldad israelí y a la pasividad de la Unión Europea.

Las masacres en Gaza junto a la escalada en la guerra de Ucrania pueden conducir a una confrontación mundial. Movámonos no solo por humanidad, también por nuestra propia seguridad y la de las nuevas generaciones.