El pasado 19 de junio se debatió en el Congreso una interpelación de EH Bildu en la que se preguntaba al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuáles eran las «medidas a adoptar por el Gobierno para el esclarecimiento de los sucesos acaecidos en los Sanfermines de 1978». En su intervención, la diputada Bel Pozueta afirmó que «nunca ningún gobierno español ha querido investigar, ni aclarar, ni reconocer lo ocurrido en aquellos Sanfermines; tampoco buscar la verdad, la justicia y la reparación para Germán (el joven muerto por la Policía en aquellos sucesos) y su familia», añadiendo que ya era hora de que «se acabe con la impunidad y se den pasos en el esclarecimiento de la verdad». Ante esto, la respuesta del ministro, en nuestra opinión, contuvo algunas pocas buenas palabras, bastantes silencios, abundantes autoalabanzas y numerosos brindis al sol.

El debate se produjo 46 años después de suceder aquellos hechos y de 27 años de gobiernos socialistas, incluidos los seis que lleva Pedro Sánchez en el cargo. Hubiera sido por eso obligado que el ministro comenzara reconociendo lo anterior y reclamando perdón por este injustificable retraso.

Se echó en falta también la asunción por parte del Gobierno, en cuanto representante del Estado, de su responsabilidad directa y principal en aquella barbarie policial: dos personas muertas, 11 heridas de bala, 300 atendidas en centros sanitarios y una ciudad arrasada. ¿Qué más pruebas hacen falta para que aquel pida perdón a todas las víctimas de aquella agresión injustificable? ¿Acaso no basta con saber que desde la emisora policial un alto mando arengó a sus tropas ordenando «tirar con todas vuestras energías, no os importe matar»?

El ministro planteó como vía de reconocimiento a la vulneración de derechos cometida en aquellos Sanfermines, el Consejo de Memoria Democrática, órgano que, si bien no existe aún, afirmó sería creado próximamente. En este, según señala el art. 57 de la Ley de Memoria Democrática, «se podrá crear un grupo de trabajo que elabore un informe para sistematizar la información existente sobre las violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura (que, a su vez) podrá proponer un plan ordenado de investigaciones, así como la promoción de metodologías y protocolos de actuación en este ámbito».

En resumen, la solución propuesta pasa por un consejo aún inexistente en el cual «podrá» crearse una comisión que, a su vez, «podrá» proponer un plan de actuación al efecto. Demasiados «podrá» para unos hechos y víctimas a las que el Estado lleva 46 años dando la espalda.

Las palabras del ministro nos han desilusionado profundamente. No solo por sus vacíos contenidos, sino porque ha sido su gobierno (Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Delegación del Gobierno en Navarra...) quien, ente nuestras reiteradas peticiones, ha afirmado una y otra vez que en sus archivos no existe documento alguno relativo a aquellos sucesos. Se niega así, sin rubor alguno, que informes elaborados entonces por el gobernador civil, el comisario de Policía de Pamplona, su superior en el Ministerio y la inspección policial correspondiente existan hoy en los archivos ministeriales. Pues bien, si esos informes debieron ser realizados obligatoriamente según la ley, y ahora no existen, ¿quién los ha sustraído, destruido o escondido?

El pasado 13 de junio, el Parlamento de Navarra aprobó una moción de Sanfermines-78: gogoan! (30 votos a favor: PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Podemos; 15 abstenciones: UPN; 5 en contra: PP y Vox), dando apoyo a la última querella presentada por los familiares de Germán Rodríguez, peñas sanfermineras, distintas personas heridas de bala y nuestra propia asociación. El crimen policial se enmarcaba dentro de los crímenes del franquismo, calificados a su vez, a todos los efectos, como crímenes contra la humanidad. ¿Por qué el ministro no toma nota de esta moción, comienza a hablar de cosas concretas y deja de lanzar brindis al sol?

Tres días después, el 16 de junio, organizado por AZGM (Movimiento Juvenil del Casco Viejo de Iruñea), se realizó un concurrido paseo por distintos lugares del barrio en los que militó social y políticamente Germán Rodríguez y otros que fueron testigos de aquella barbarie policial: plaza de toros, estela levantada en su memoria, sede de la Comisión Investigadora de las Peñas...

Se recalcó en el paseo la necesidad de seguir luchando por la memoria colectiva construida durante todos estos años, reclamando una verdad que hable no solo de víctimas, sino también de victimarios, y poniendo en valor la fundamental contribución que han hecho a la democracia todas aquellas personas que sufrieron represión. Se exigió el derecho a la justicia hasta ahora negada, así como a una reparación integral que vaya más allá de lo meramente formal y administrativo. Tome nota, pues, señor ministro: existe una nueva generación dispuesta a dar continuidad a estas exigencias y a seguir luchando por los mismos ideales de libertad, solidaridad y justicia social que tenía Germán.

El próximo 8 de julio realizaremos nuestra habitual concentración a las 13.00 horas, junto a la estela de Germán, a la que invitamos a toda la ciudadanía. Luego, por la tarde, a la salida de los toros, estaremos con las peñas de Iruñea en su recorrido hasta ese mismo lugar.

Exigimos mientras tanto al ministro y al Gobierno que reflexionen sobre todo lo anterior y reconozcan de una vez por todas, sin mayor demora, la responsabilidad principal y directa del Estado en aquella salvaje agresión. Dejen ya de marear la perdiz y acaben de una vez con una impunidad que dura 46 años, garantizando el derecho que tiene la ciudadanía a ver reconocida su memoria colectiva en todos los ámbitos sociales, judiciales y políticos, como garantía de una sociedad que quiere desarrollarse en auténticos parámetros de democracia y libertad.