Ha sido una semana de auroras boreales en Euskal Herria. Un fenómeno de inigualable belleza e increíble que ha decorado portadas de periódicos. Pero el fenómeno de las auroras boreales no solo se ha reproducido en nuestros cielos. También ha empañado nuestras páginas políticas. Se dice que algo es «de aurora boreal» cuando no das crédito a que suceda, por lo extraño, ridículo, anómalo... Y esta semana lo sucedido en Madrid ha sido definitivamente de aurora boreal. Independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre la transposición de la directiva europea en materia de doble cómputo de penas, lo que es de aurora boreal es que los de Feijóo y Abascal nos digan que sus diputados congresistas no eran conscientes de lo que votaron, hasta en cinco ocasiones, hasta que un periodista o alguna asociación de víctimas ha descubierto las consecuencias de una modificación legislativa en vísperas de su definitiva entrada en vigor.

Las tesis se multiplican y algunas dicen que lo sabían y que ahora no aguantan el chaparrón, otras que no... pero la versión oficial propiciada, ese «error colectivo» que mencionan para que ni una cabeza caiga de su silla, deja a la política institucional en un lugar deplorable. ¿Qué deben pensar aquellos que se toman tan en serio las instituciones sobre la clase política? ¿Qué quienes les votaron? Salarios cinco veces superiores al SMI, dietas, prebendas varias, cotizaciones al máximo..., ¿para aducir en tu defensa que te la han colado, que no lees o no eres capaz de comprender lo que lees? Creo que, junto con la corrupción imperante en el Estado español, este va a ser uno de los episodios negros que más coadyuvarán a acrecentar el desprestigio de las instituciones y la clase política en general.

Allá ellos. Pero la desconfianza en la política y partidos tradicionales allende el Ebro también salpica aquí y no pocas veces debemos oír (de manera comprensible a veces pero injusta) que todos los políticos son iguales, que cobran un pastón para no hacer nada y que son unos aprobetxategis de la cosa pública. Y creo que ese debe ser uno de los caballos de batalla de la política en Euskal Herria. Y eso pasa por diferentes líneas de acción que se deben adoptar de manera conjunta e individual.

En primer lugar, la actitud ejemplar de las personas que ejercen la política. Estos días ha sido noticia que algunas personas que han dejado el Gobierno Vasco se han dado de alta en un conocido portal para la búsqueda de empleo. Bien por ellos, no debe haber puertas giratorias. Es significativo que se haya hecho de esto una noticia, porque efectivamente no es algo común, pero me ha parecido feo que hayan publicado sus nombres, no han hecho nada humillante y los periodistas deberían favorecer que haya gente que pasa por la política por nada más que su pasión por la mejora del bien común o la transformación social. Y si se adoptan decisiones como la de fichar al exconsejero Iñaki Arriola como consejero de Renfe Mercancías, quizá haya que explicarlo mejor para la tranquilidad de la sociedad.

En segundo lugar, una democracia más profunda y más directa, donde las personas sean informadas y puedan proponer y decidir sin que solo lo haga la clase política en sustitución. Iniciativas como las jornadas de innovación de la democracia celebradas esta misma semana de la mano de Arantzazu Lab pueden darnos muchas pistas de cómo avanzar en este sentido.

Finalmente, el sur de este país debe revisar toda la arquitectura institucional que está absolutamente sobredimensionada. Dos parlamentos autonómicos, tres parlamentos forales (que se denominan juntas generales) por cada territorio histórico, dos gobiernos y tres diputaciones, cientos de sociedades públicas de dudoso objeto social, pero con capacidad de acción y poco control, que daría para una enciclopedia... Demasiada organización para un país que a día de hoy no es un Estado. Y ello hace que esto sea ingobernable.

Aparcando la cuestión de Nafarroa, la CAV tiene un serio problema organizativo que tiene no pocas consecuencias negativas en la ciudadanía. No hay un reparto competencial lógico que responsa a las necesidades de la misma. No puede ser que la Consejera de Transportes anuncie un billete único para toda la CAV, pero que realmente tenga que hacer un ingente trabajo político-diplomático-económico para que ello se materialice porque cada territorio quiere poner su impronta. Y así llevamos demasiados años. O que una familia que tiene una persona dependiente pague diferente dependiendo de su domicilio. O que pague unos impuestos u obtenga beneficios fiscales distintos en Ermua o en Eibar, por poner un ejemplo.

Por ello me sorprende que cuando Pello Otxandiano propone llegar a acuerdos presupuestarios y fiscales en todas las grandes instituciones de este país, al Sr. Pradales, este, aparte de la manida desconfianza sobre cualquier propuesta que haga Euskal Herria Bildu, saque de nuevo de la chistera la arquitectura confederal de la CAV como si la izquierda independentista no se hubiera leído la LTH o el Estatuto de Autonomía. Esa respuesta, además de soberbia y tramposa (en el año 2013 ya acordaron una contrarreforma fiscal junto a los socialistas en los tres territorios para parar el avance fiscal de Bildu; también han acordado presupuestos a cambio de asuntos que competen a otras instituciones, en no pocas ocasiones) me parece cada vez más anacrónico por su absoluta ineficiencia.  

Nuestro país necesita trazar unos retos y acomodar la realidad institucional que resulte óptima para cumplirlos. Ello probablemente repercutirá en que haya menos instituciones (pero con unas competencias claras y un sistema de financiación adecuado para cubrirlas) y una clase política más reducida, pero que será más funcional y leerá antes de votar. Que no es poco.