En un verano donde el racismo se convierte en señal prioritaria de identidad de la derecha, donde el patriarcado defiende su estatus a través de violaciones y abusos más visibles que nunca, donde los yihadistas demuestran hasta qué punto la deriva religiosa afecta a lo público, donde la multipolaridad avanza hacia un conflicto bélico de nueva magnitud, donde la Ertzaintza patina volviendo al siglo XIX y aconsejando a las mujeres no salir del hogar para evitar tentaciones, donde los calores anuncian desastres ambientales desconocidos hasta ahora... la caverna mediática alumbra un único tema: los llamados «ongi etorri».

Y los enfoca en un falso estadio, el de la moral, el de la ética, el de la supuesta humillación a sectores vulnerables. Sabemos que no es así, como sabemos todos y cada uno de los vecinos de este país, que los torturados han sido legión, que el rey emérito es de gatillo fácil (metáfora sexual), que los consejos de administración de los bancos mandan más que los diputados electos por el pueblo. Pero nos mantenemos en un océano de hipocresías.

La criminalización de los «ongi etorri», por cierto sin apologías detectadas por agentes centrales o autonómicos, es un apartado minúsculo dentro de una gran estrategia destinada a deshumanizar a los presos políticos vascos, a sus familias y a todo el movimiento solidario que ha generado en las últimas décadas. Por cierto también, el movimiento social más sostenido y multitudinario, numérica y estadísticamente, de los que han existido tanto en ese reino que llaman España o en esa república que la guillotina convirtió a Francia.

Han querido y quieren restar a los presos, algunos que han cumplido más de diez mil días en prisión, el código humano que todos llevamos en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque cuando conocemos las calamidades del vecino, todas y todos tenemos tendencia a la empatía. Y por ahí, el Estado profundo no está dispuesto a pasar. Porque la empatía solo es válida, dicen, para sus víctimas, para sus monarcas y nobles, para sus estrellas televisivas. El resto, como con todas esas víctimas invisibles, no tiene familia, amigos, aliados. Los tratan como bestias con un único objetivo: trasladar el conflicto político a la esfera patológica.

Hay víctimas y gentes de buena fe heridas en sus sentimientos. Pero la izquierda abertzale ya hizo y compartió su reflexión reparadora. En cambio, la posición del PNV, y por extensión del Gobierno de Gasteiz, se muestra en esta ocasión con los sectores ultras, con el Estado profundo y el CNI que maneja los hilos de esta estrategia. Porque unos y otros sabemos que si algo tienen de característico los «ongi etorri» es la humanización de nuestros expresos. No, como apuntan, lo contrario.

Y en esta deshumanización de, en este caso la disidencia política, las fases han sido muy marcadas. Solo recordar que dentro de una semanas, médicos, psicólogos, abogados, solidarios... hasta un total de 47 hombres y mujeres serán juzgados en el que se anuncia un esperpento de juicio por realizar tareas que en otros lugares del planeta corresponden a Amnesty International, Médicos sin Fronteras u otras organizaciones comprometidas con el respeto de los derechos humanos. No sé siquiera por qué lo recuerdo, España aplica una legislación de excepción con los presos políticos vascos, retirándoles sus derechos humanos. Y esa legislación está vigente para esos presos que están cumpliendo cientos de años más que los que fueron condenados. ¿No merecen nuestra empatía?

Esas fases de deshumanización pasaron por una primera donde la violencia paramilitar fue la razón de fuerza de los mismos que ahora criminalizan los «ongi etorri». Asociaciones pioneras de solidaridad con los presos y exiliados como Anai Artea fueron dinamitadas utilizando mercenarios. Miembros de Gestoras pro Amnistía, como Karlos Saldise, fueron asesinados por su actividad solidaria (¿crímenes por esclarecer también, Covite?). Decenas de manifestantes solidarios con los presos, como Norma Mentxaka, Germán Rodríguez, Iñaki Kijera, Manuel Fuentes, Rafael Gómez, fueron acribillados por la Guardia Civil y la Policía Nacional por el hecho de mostrar solidaridad con los presos.

Fue hace ya 25 años que desde diversos estamentos estatales comenzaron a lanzarse las primeras andanadas favorables a la ilegalización de diversas organizaciones y asociaciones soberanistas, así como contra el movimiento de solidaridad con los presos. Fue una ofensiva dialéctica perfectamente planificada que concluyó con los objetivos estatales cumplidos. El movimiento de solidaridad con los presos políticos vascos por vez primera en su historia de cincuenta años sería ilegalizado. Tal y como ahora se ha lanzado la campaña contra los «ongi etorri», preludio del cambio legislativo y penal, con la intención atávica española, de hacerlo con carácter retroactivo.

Y así cambiaron las formas. Pero la criminalización siguió, a un ritmo acelerado. Recordamos perfectamente a los 27 miembros del movimiento solidario con los presos imputados en el proceso 18/98, la mayoría que cumplió prisión, por «criticar los cambios operados en el Código Penal, la legislación de menores y la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria».

Recordamos como en enero de 2013 Herrira organizó en Bilbao una marcha de apoyo a los presos vascos que acogió a 115.000 personas, una de las mayores movilizaciones realizadas jamás en Euskal Herria. Y que para su desactivación, la Guardia Civil detuvo a quienes consideró sus animadores, 18 personas. Las detenciones y el cierre de sus sedes provocaron decenas de movilizaciones en Euskal Herria. Poco después eran detenidos también los abogados que defendían a los presos políticos vascos. ¿Recuerdan como la Guardia Civil se llevó más de cien mil euros recaudados en la manifestación por los presos realizada en Bilbao en 2015? ¿Quizás se encuentren en ese fondo de reptiles que aflora sin descanso la bonanza española?