Aprovechamos para saludarle y desearle éxito en sus labores.

Con este escrito queremos complementar el contenido eminentemente técnico del escrito que le remitimos con fecha 24/5/2017. Tratamos de mostrarle nuestro estado de ánimo y nuestra preocupación por la impunidad de los escándalos referentes a la Administración.

Como es bien conocido, usted fue designado Ararteko, defensor de las gentes de la Comunidad Autónoma Vasca, en mayo del 2015, lo que hace ya dos años de su nombramiento, y entre cuyas responsabilidades cabe destacar, como muy bien usted conoce, la de «velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas vascas, supervisar el funcionamiento de las administraciones autonómica, foral y local del País Vasco, promover políticas públicas conformes con los derechos humanos y libertades fundamentales, sensibilizar a las administraciones y a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca acerca de los problemas y desafíos en relación con el respeto de derechos y libertades, acción contra la discriminación y prohibición de la arbitrariedad y actuar como interlocutor de la sociedad civil vasca en relación con los problemas relativos a la garantía de derechos».

Ante la grave dejación de años de incumplimiento del deber por parte del Ayuntamiento de Bilbao y por algunos de sus Alcaldes –si bien no de otros como el Sr. Robles y el Sr. Gorordo– respecto al registro de la propiedad de la parcela 55 (finca 30. 486, otrora propiedad de Panera y enmarcada dentro de la finca 20.744, tras expropiación forzosa ocupada por viales públicos, por tanto pasar a propiedad pública y no obstante seguir registrada a nombre particular hasta el día de hoy) nos dirigimos Fernando Sanz y Mikel Arizaleta, en representación de la Asociación de Vecinos Gure Etxea, a usted como Ararteko.

Luego de una relativa larga espera, de telefonazos solicitando respuesta, de cierta insistencia, al fin hemos obtenido una respuesta, si bien contundente en el párrafo primero de la conclusión: «las administraciones públicas tienen la obligación de inscribir en el registro de la propiedad a todos sus bienes, incluidos los demaniales», por tanto el Ayuntamiento de Bilbao está por la Ley 33/2003 obligado a ello, imprecisa en puntos, errónea en otros, envuelta en hojarasca, en justificaciones injustificadas de anteriores decisiones del Ararteko, de decisiones engañosas y mendaces por parte del Ayuntamiento de Bilbao, que rebajan y ennieblan una respuesta corta, breve y clara: Ayuntamiento de Bilbao, registre, como está obligado por Ley,  a su nombre la parcela 55.

Las tardías y perezosas indagaciones judiciales entre nosotros están descubriendo firmas de funcionarios institucionales, redactando escritos y papeles al antojo del jefe por unas botellas de vino o unos miles de euros. Funcionarios, que dejaron de lado su función y se convirtieron en lacayos de pajarita, yates, viajes y merendolas. Hombres y mujeres, que tras una carrera de años y unas oposiciones duras, abandonaron su dignidad humana en atajos de la vida. Emigran de la dignidad y autonomía humana para inmigrar, adentrarse y cobijarse en una esclavitud dorada.

A través de la vergonzosa y sonrojante corrupción, que pulula por el estado español, enraizada sobre todo en el PP, se descubre el sumiso comportamiento de los organismos reguladores, el plegamiento de instituciones defensoras y vigilantes del bien común, de funcionarios y electos que incumplen su misión por falta de diligencia. Deber de ellos es velar por la transparencia, denunciar su incumplimiento legal y defender los intereses de la ciudadanía y el bien común con valentía y sin tapujos o medias tintas.

Es algo que venimos padeciendo en este caso desde años. Cabe esperar que usted, como Ararteko, ponga de una vez con un dictamen claro luz en este asunto, que nos ocupa.