Son elegidas cada cuatro años para el cumplimiento de actuaciones de interés público, incompatible con el uso de la institución en el logro de beneficios personales, que entroncaría directamente con situaciones de conflicto de intereses. Acometen la gobernanza ciudadana en el seno de los órganos de competencia administrativa tributaria: diputaciones forales de los territorios históricos vascos. Sus nombramientos se encuadran en cometidos de alto rango, y se encargan de ámbitos como Acción Social, Empleo, Promoción Económica o Hacienda y Finanzas... Figuras selectas de la escena política ejecutiva, se explayan en medios de comunicación manifestando supuestos principios de transparencia y virtudes de igualdad en el marco de la autocomplacencia; autoevaluación, siempre al alza, que roza la excelencia. Vertebran decisiones que incluyen información sensible respecto al futuro de toda la ciudadanía, en ocasiones, operativos de corte discriminatorio, sin rubor que haga sombra al compromiso de poner a las personas en el centro de su gestión.

Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia, en declaraciones a Radio Euskadi, no dudó en destacar las bondades del trabajo socioeducativo llevado a cabo con menores migrados para, acto seguido, emitir juicios acerca de lo limitado de los recursos y la necesidad de «decir basta» a su llegada. Querer liderar una entidad «en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades y no se deje a nadie atrás. Una sociedad cohesionada, solidaria y avanzada que garantice el bienestar», dijo el 5 de julio de 2023. Aunque, pasado un año desde la fecha de autos, haya descubierto perfiles susceptibles de no cumplir las premisas del significado «todas». Esta vez, su (in)compostura pasea unidades de sintaxis oficial, a modo de patrimonio privado, por el drama humano de colectivos sociales desprotegidos −sin deshacer la puesta en escena del juramento en pro de responder a las necesidades actuales y los retos futuros−, ante micrófonos y cámaras, haciendo gala de su posición de ventaja. Su discurso versa en torno a cifras: menores, convertidos en números, que, por falta de vías legales seguras para viajar, son separados del grupo familiar en las fronteras, donde actúan las mafias, tanto de tráfico humano como políticas y policiales. Así pasean su estadística, carente de preceptos humanitarios, al calor de las mentes dóciles. La anestesia también funciona bien fuera de los entornos quirúrgicos.

Cuando se aduce a la insuficiente responsabilidad de otras comunidades para justificar «tenemos que decir basta» a la aplicación de mecanismos de acogida, se descalifica lo que tanto se ensalza; quizá el verbo «cuidar» no sea su registro favorito.

Cuando la ausencia de honestidad desestima la supervivencia de personas vulneradas, forzadas a vagar paisajes ajenos a su identidad sin conocer el idioma de los bosques donde pernoctan entre zarzas, las calles transitadas durante el día en plena capital de su Administración o poder atemperar los insultos que alcanzan la herida del desarraigo, es que algo no funciona en el tan «ejemplar» sistema de bienestar vasco. Cuando alguien obvia la angustia trabada en la maleza, la tristeza varada al ardor de las afrentas racistas mientras se intenta conciliar realidad y sueños, puede ser que la desesperación no haya rondado nunca la linde de sus privilegios, que la empatía no sea parte del bagaje contractual o que se carezca de capacidad para el cargo político designado. Entonces hay que decir basta.

Hay que decir basta a «nimiedades» como la negligencia en la facultad de control del vertedero de Zaldibar (recordemos, dos muertos), porque no estuvieron a la altura de su corresponsabilidad antes ni en el transcurso del desenlace, a pesar de la gravedad. Siguiendo el rastro de la corrupción, tenemos que decir basta a tramas delictivas tipo «Caso De Miguel». Basta a las puertas giratorias; a los despachos privados con nombre y apellidos en oligopolios, luego de ceses políticos, en agradecimiento a los «favores» prestados; al engaño insostenible de hacer pasar por sostenible el turismo de masas; a la falta de escrúpulos al culpar a movimientos sociales de oponerse a la recuperación de suelos y acuífero contaminados en la reserva de Urdaibai. Sí, hay que decir basta a la nulificación del derecho ciudadano en procesos de participación real; a la externalización de servicios de salud; a la connivencia con la petroquímica que aumenta el riesgo de muerte en Meatzaldea. Tenemos que decir basta a la relación económica del Gobierno Vasco con la empresa CAF, cómplice en el genocidio sionista.

Por sus palabras, además de sus actos, vamos descubriendo su catadura moral. El grado de ética que estructura sus conductas y objetivos es su mejor carta de presentación.

Tras conocer la noticia, urgía la necesidad de contraponer el relato; callar ante la manipulación mediática aumenta el poder de las élites y la precariedad de derechos y merma la nada desdeñable salud emocional. No aludo a datos monetarios de desmanes infinitos, pasados, en curso y con carácter prospectivo, para los que sí parece que los recursos públicos son ilimitados, porque no habría cabida para tanta ostentación de millones en un texto de opinión. Hablemos claro, es una cuestión de preferencias: planes urbanísticos, aun a riesgo de violentar la biosfera y la voluntad ciudadana, frente a proyectos humanos. No hay por qué disimular los intereses partidistas recordando la finitud de los recursos de las arcas forales; la experiencia avala. Mantenido en reposo un tiempo, hoy dejo que vuele. La indignación ha cedido algún que otro punto −y se queda en notable alto−, no así la convicción sobre lo censurable de reducir la dignidad humana a un mero concepto de gasto.