El shock generado por la covid-19 ha sacado a la palestra de forma dramática la disputa sobre qué modelo socioeconómico debe imperar en la salida de la crisis sistémica que vivimos. Una disputa que, en Euskal Herria, ya venía aflorando mediante hitos como la huelga general del 30-E, y que se agudizará en el marco de los planes de «reconstrucción» que gobiernos y patronales ya enarbolan en nuestro territorio. La disyuntiva es clara: seguir como hasta ahora, bajo un modelo al servicio de las élites, o virar radicalmente el rumbo en favor de la clase trabajadora y de un planeta devastado.

Para articular una respuesta adecuada a esta coyuntura crítica, deberíamos extraer una serie de aprendizajes, por lo demás obvios a la luz de los impactos de la pandemia. En primer lugar, la vulnerabilidad flagrante de las cadenas globales de valor, esto es, de la economía internacionalizada, ante los recurrentes shocks a escala mundial, sean estos financieros, pandémicos o ecológicos; en segundo término, la relevancia de lo público y de lo común como espacio estratégico para proveer de bienes y servicios fundamentales al conjunto de la sociedad, así como para regular las acciones de los agentes que se mueven por intereses privados; tercero, la incapacidad y nula voluntad del sistema de proteger los derechos de todos y todas, evidenciándose el crecimiento de las desigualdades y la precarización general de las mayorías sociales; cuarto, la fragilidad de un sistema de cuidados colectivo que sigue sosteniéndose sobre el mercado y las familias, especialmente las mujeres; quinto y último, la necesidad imperiosa de avanzar manera urgente a una economía que asuma los límites físicos del planeta desde el consumo y la producción, poniendo especial énfasis en una transición energética profunda no guiada por el mercado.

No obstante, estos sentidos comunes parecen no afectar a las instituciones vascas, prefiriendo hacer oídos sordos a los mismos, mientras insisten en ahondar en un modelo al servicio del gran capital que nos está conduciendo al colapso ecológico y a profundizar en una grave crisis de reproducción social. La postura de los estamentos gobernantes en la CAV durante los momentos más duros del confinamiento –defendiendo a capa y espada los beneficios empresariales frente a los imperativos sanitarios en un momento crítico– ha abierto muchos ojos en este sentido.

Si bien ha sido el Gobierno Vasco el que ha encabezado esta ofensiva, no podemos soslayar que la Diputación Foral de Bizkaia se sitúa a la vanguardia de un modelo neoliberal que el PNV abandera en el conjunto de nuestro país. Domina aquí la obsesión por capturar nuevos mercados internacionales, colocar una «alfombra roja» a la inversión extranjera, atraer de forma compulsiva macro-eventos que contribuyen a la turistificación flagrante de nuestros barrios y pueblos, así como generar lo que se denomina eufemísticamente «entornos competitivos». Todo ello se traduce en la práctica en rebajas fiscales continuas, aumento de la carestía de la vida para la mayoría social, contención salarial y una cooperación público-corporativa en la que lo público asume los riesgos mientras lo privado acumula beneficios, con marcos regulatorios muy laxos y sin contrapartida social alguna.

Este es el modelo que impregna su propuesta Bizkaia Aurrera! de reactivación del territorio frente a la pandemia. Dentro de un ya habitual imaginario discursivo de defensa de empresas, personas autónomas y trabajadoras, el aterrizaje práctico y concreto abunda en más de lo mismo, no solo manteniendo sino incrementando los esfuerzos públicos destinados a sostener a las grandes corporaciones. De este modo a lo largo de los últimos meses, en vez de virar el barco, responder a la emergencia social e iniciar la transición hacia un modelo más justo y sostenible, se mantienen erre que erre las apuestas en este sentido.

La Torre Bizkaia sigue siendo el ejemplo claro de esta línea de continuidad. El gran proyecto, visible en el centro de Bilbao, representa a las claras la punta de lanza de ese viejo modelo. Así, bajo la justificación de crear un gran centro de emprendimiento para aumentar la competitividad, se inunda de dinero público una iniciativa en la que la propiedad del edificio es un fondo de inversión (al que se paga una alquiler millonario, mientras se costean desde la DFB todos los costes de la transformación y decoración del mismo), cuya licitación será privada y ha fracasado (nadie se ha presentado al concurso, viéndose obligada la DFB a aumentar la cantidad del mismo a quince millones), y donde todas las facilidades están dadas al gran capital en línea con el mantra de la generación de esos «entornos competitivos», como por ejemplo una fiscalidad a la carta. Que se haya aprovechado el estado de conmoción general derivado de la covid-19 para tratar de avanzar en este proyecto, nítidamente orientado a atraer grandes fondos de inversión a nuestro territorio, debe sin duda ponernos en guardia.

Lamentablemente, este no es el único hito de esta agenda. Hemos asistido perplejos, en primer lugar, al fracaso de la llamada «colaboración público-privada» en la regulación de sectores básicos para la vida, pero actualmente privatizados o externalizados, como se ha demostrado tanto en Zaldibar con la gestión de los residuos industriales, como en las residencias de ancianos y ancianas, propiedad en algunos casos de fondos de inversión emergentes en el sector como Azora y Domus.

En segundo lugar, destacamos la torticera rebaja fiscal para los gestores de fondos de inversión, realizada con nocturnidad y alevosía en los momentos más críticos de la pandemia, cuando ya era evidente la necesidad de ingresos públicos para responder al covid-19. Una apuesta que, pese a vincularse con la generación de ese «entorno competitivo» que quiere ser la Torre Bizkaia, la trasciende ampliamente, y que consiste en rebajar a la mitad, sobre el tope del 49%, el tipo del IRPF de los gestores de fondos de inversión dedicados al emprendimiento de empresas «startup». Esta carrera fiscal a la baja para que la inversión extranjera se sienta a gusto en Bizkaia continúa en su dinámica febril, vinculándose al eterno debate sobre la rebaja del Impuesto de Sociedades. Impuesto que, precisamente, la Diputación ya ha rebajado de nuevo para los beneficios obtenidos en 2019 y 2020. En la misma línea operan, asimismo, el anuncio de exención fiscal en la Eurocopa y la declaración de Rementeria favorable a eliminar el impuesto de patrimonio

En tercer lugar, y bajo un espíritu similar al del proyecto de la Torre, destacamos el ahondamiento en nuevos proyectos megalómanos como el Energy Intelligence Center, cuya construcción en Zierbena se ha anunciado recientemente (licitación incluida), y que opera también bajo esos parámetros de generación de «entornos competitivos» en los que la empresa privada no tenga queja del trato que el sector público le dispensa para su despliegue. Un proyecto que, más allá de la presencia que las energías renovables tendrán en su seno, prevé un pilar estratégico de intervención en torno al «Oil & Gas». Se conforma, pues, en términos cuanto menos conflictivos respecto a los imperativos de transición ecológica que ya venían resonando cada vez con más fuerza, y que han terminado por eclosionar en el contexto del replanteamiento integral que a nivel social ha emergido con la pandemia. Todo ello de la mano de grandes transnacionales como Petronor.

En definitiva, este plan desdeña cualquier aprendizaje, se sigue insistiendo en un modelo fallido, y se ponen al servicio del capital, vasco y foráneo, todos los recursos públicos. Necesitamos un giro completo de modelo económico, y las instituciones de la CAV se comportan como la orquesta del Titanic mientras el barco se hunde.