El Estado español ha practicado el terrorismo de Estado, tanto durante la dictadura franquista como posteriormente, tal y como dejaron bien claro dos importantes miembros de la Universidad de Deusto, el catedrático emérito de Ética, Xabier Etxeberria, y el profesor de Ética, Galo Bilbao.

En un trabajo conjunto, publicado en 2005, precisaron que «hay terrorismo en aquellas circunstancias (excesos en algunas leyes, arbitrariedad judicial, malos tratos y torturas, fomento de grupos paraestatales como antiterroristas) en las que se quebrantan los derechos humanos». En dicho trabajo, también afirmaron que «El acto terrorista por excelencia del Estado es la tortura» (Etxeberria precisó en 2006 que el peor terrorismo de Estado era la tortura) y ambos desarrollaron esa misma idea en al menos otros cuatro trabajos publicados entre 2005 y 2007.

Ahora bien, sin dar explicación alguna al respecto, Galo Bilbao cambió de pronto de opinión. Para él, lo que era sin duda terrorismo de Estado en 2007 dejó de serlo, de repente, en 2009. Aquel año, afirmó que ya no identificaba como terroristas las actuaciones judiciales, políticas o policiales «que hayan supuesto un exceso de violencia o una vulneración manifiesta de derechos humanos (como es el caso de la tortura)».

En todo caso, desde 2009, ni Xabier Etxeberria, ni Galo Bilbao, han vuelto a mencionar en sus trabajos ni la tortura ni sus víctimas. Y no han mostrado preocupación alguna por ellas, lo que considero muy significativo, porque ha sido precisamente desde 2009 cuando se han realizado y publicado importantes trabajos sobre la realidad de la tortura en Euskal Herria.

El repentino cambio de opinión de Galo Bilbao sobre el terrorismo de Estado se produjo, precisamente, cuando las autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca clasificaron a las personas torturadas como víctimas de abusos policiales. Un término que en absoluto refleja el sufrimiento padecido por dichas víctimas y que las discrimina muy claramente.

El Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo se sirvió de ello para seguir discriminando a las víctimas y, encima, ahondó en dicha injusticia blanqueando a algunos ejecutores del terrorismo de Estado como el conocido torturador franquista, Melitón Manzanas.

Hay que tener en cuenta que, pese a ser la legislación internacional muy clara a la hora de calificar la tortura y la complicidad con la misma como crímenes contra la humanidad, no lo es tanto, ni mucho menos, al abordar el espinoso tema de probar la tortura.

Véase al respecto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, según la cual, si un detenido resulta herido o lesionado mientras se encuentra en custodia policial, corresponde al Estado justificar esas heridas. En cambio, si no hay lesiones, la carga de la prueba recae sobre el torturado.

Se trata de una jurisprudencia que prima la razón de Estado y que no tiene para nada en cuenta la cruda realidad de la tortura que tan certeramente denunció el antes mencionado Xabier Etxeberria, quien dejó bien claro en sus trabajos que la tortura practicada hoy día es la tortura secreta.

También expresó con suma claridad las terribles consecuencias de ese secretismo con el que se practica la tortura: «por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no solo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho».

Pese a esta sangrante realidad, los jueces españoles siempre han puesto toda la carga de la prueba sobre los torturados, lo que es una injusticia que hay que resolver de una vez por todas. Por ejemplo, en lugar de exigir pruebas imposibles a quienes han denunciado torturas, hay que hacer que la carga de la prueba recaiga sobre quienes niegan esas torturas.

Eso fue lo que propuso, hace ya tiempo, el director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jon Mirena Landa, quien afirmó que «Dado que el Estado se protege eficazmente, para compensar su actividad criminal es necesario una inversión eficaz de la carga de prueba». Es decir, que la carga de la prueba recaiga sobre los que niegan la tortura.

El estudio realizado por la UPV/EHU para el Gobierno Vasco fue un paso muy importante. A pesar de que la carga de la prueba recayó sobre quienes denunciaban la tortura, lo hicieron de forma adecuada, midiendo su credibilidad a través del Protocolo de Estambul.

Eso sí, después de estudiar la credibilidad de quienes han denunciado haber sido torturados, es absolutamente necesario hacer recaer la carga de la prueba en quienes niegan la tortura y tratan de mentirosos a quienes afirman haber sido torturados.

En efecto, a partir de mediados de los 80, mucha gente empezó a negar credibilidad a las alegaciones de tratos inhumanos / torturas. Un cambio de actitud que explicaron diciendo que la tortura dejó de ser un grave problema heredado del franquismo, porque se acabó prácticamente con esa lacra.

Sin embargo, durante las últimas décadas, ha habido una enorme diferencia entre lo sucedido en los Estados español y francés con el mismo tipo de militantes. Tras ser estos detenidos, en el Estado francés han mantenido un «mutismo habitual», según expresión consagrada por los media, pero han confesado todo lo habido y por haber, cuando han sido las Fuerzas de Seguridad españolas las encargadas de realizar los interrogatorios.

Por eso, considero que basta con aplicar la pura lógica para deducir qué es lo que ha pasado durante décadas con los detenidos incomunicados en dependencias de las Fuerzas de Seguridad españolas. Ese enorme contraste entre el Estado español y el francés señala claramente a la tortura. Más precisamente, a la tortura secreta.