Tras veinticinco años entre rejas en las más duras condiciones, Agustin Almaraz fue recibido en su barrio de Santutxu por familiares y amigos que mostraron su alegría porque hubiese recobrado al fin la libertad, más de seis años después de lo que legalmente le correspondía. Se trató de un simple recibimiento al que autoridades y principales medios de comunicación han vuelto a dar una importancia desmesurada, montando un interesado escándalo artificial, con un objetivo que ni siquiera se esfuerzan en disimular, el de atacar frontalmente a la izquierda abertzale.

A ese respecto, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha vuelto a afirmar que los únicos que siguen defendiendo los «ongi etorris» a los presos políticos vascos son «la izquierda abertzale y la Audiencia Nacional» que, según ella, «es la mejor aliada de la izquierda abertzale. y eso también hay que denunciarlo. Porque decir que esto no es un delito de humillación, que son manifestaciones y no nos humilla... son unos sinvergüenzas. Yo ya llevo dos años denunciando a la Audiencia Nacional y la denunciaré toda la vida. Hacen lo que les da la gana. Dicen la misma barbaridad que la izquierda abertzale».

Pese a que el Lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado sin duda más estricto que la Audiencia Nacional en lo que se refiere a los recibimientos a los presos políticos vascos, supongo que no estará de acuerdo con cargar tanto las tintas contra dicha Audiencia Nacional como las ha cargado Consuelo Ordóñez, pero en todo lo demás es obvio que sus puntos de vista coinciden una y otra vez. El mismo interés en montar escándalos artificiales en torno a ese tema y la misma obsesión contra la izquierda abertzale.

Otro tanto sucede con un tema en el que tanto Covite como Urkullu han vuelto a insistir a raíz del recibimiento a Agustin Almaraz, el de exigir a la izquierda abertzale algo que no se contempla en absoluto como básico en las normas internacionales relativas a procesos de paz. Unas normas internacionales que se resumen en la famosa triada de derechos para las víctimas, «Verdad, Justicia y Reparación», y que remarcan sobremanera la primera de ellas, la VERDAD, sin la cual es imposible que las víctimas reciban ni justicia ni reparación.

Excepto en el Estado español, los protagonistas coinciden en que lo primordial es que se reconozca todo el daño causado y se asuman todas las responsabilidades. Y eso es precisamente lo que hizo ETA, hasta su disolución. La izquierda abertzale también ha asumido su responsabilidad al respecto. Sin embargo, quienes han practicado y encubierto el terrorismo de Estado, o han mirado a otro lado mientras se practicaba, no han dado el más mínimo paso. Nada de nada.

Cabe remarcar al respecto que ese terrorismo de Estado no se limita a la guerra sucia, porque, como bien afirmó un referente indiscutible del PP, PNV y PSOE en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo, Xabier Etxeberria, Catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto, «la tortura es la expresión máxima del terrorismo de Estado».

PSOE y PP siguen basando toda su estrategia en la mentira y la negación de la existencia misma del conflicto político. Y tratando de mentirosas a miles de víctimas de la tortura, lo que constituye la peor de las injusticias que se pueda cometer con unas víctimas a las que les ha sido imposible probar lo que les han hecho porque, en la inmensa mayoría de los casos, la incomunicación ha impedido toda prueba. Es su palabra contra la de los torturadores y ya hemos visto a quiénes han dado absoluta credibilidad estas últimas décadas jueces, dirigentes políticos, autoridades...

Por desgracia, esa prepotente postura negacionista de PP y PSOE está contando con el apoyo de Urkullu, que nada dice respecto a la obstinación con la que ambos partidos niegan todo terrorismo de Estado. Permanece mudo ante la cerril negativa de ambos partidos a reconocer a esas miles de víctimas de la tortura y a aceptar que ha sido siempre el Estado español el que ha organizado y financiado la guerra sucia.

En todo caso, salta a la vista el gran empeño que pone Urkullu en evitar que la lucha ideológica se centre en el terreno en que son mucho más débiles PP, PSOE y, al parecer, también el PNV, el del reconocimiento de todo el daño causado, aunque sabe de sobra que ésa, y no otra, ha sido siempre la exigencia primordial en todos los procesos de paz.

Por eso es tan necesario denunciar alto y fuerte que, desde que ETA anunció el cese definitivo de sus acciones armadas, en lugar de interpelar a PP y PSOE respecto a esa exigencia primordial, Urkullu ha insistido, una y otra vez, en esa campaña de acoso y derribo contra la izquierda abertzale. Una campaña de muy largo alcance basada en una exigencia que sabe nunca ha sido primordial en ningún proceso de paz.

Lo básico es que se reconozca todo el daño causado y se asuman todas las responsabilidades. Lo sabe de sobra y su clamoroso silencio al respecto lo delata. Aprovecha cualquier excusa para montar escándalos, tan interesados como artificiales, en torno a una exigencia a la que no se ha dado prioridad en ningún proceso de paz y, al mismo tiempo, permanece mudo como una tumba ante otra exigencia que siempre ha sido primordial.

He ahí el verdadero meollo de la cuestión, el del derecho a la verdad de todas las víctimas. Una verdad sin la que jamás podrán recibir la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto necesitan. Si Urkullu no lo quiere abordar, que lo diga claramente y que explique a todas las víctimas porqué se empeña en centrar la discusión en otra exigencia a la que no se ha dado prioridad en ningún proceso de paz.

¿No será que Urkullu persigue lo mismo que Covite? ¿No será que su objetivo no es precisamente la paz sino la humillación, a toda costa, de la izquierda abertzale? Que cada cual saque sus propias conclusiones.