Desde que la empresa Valle de Odieta SCL estableció su macrogranja de producción intensiva de leche en Caparroso se registran irregularidades en su gestión. Se trata de una gran instalación industrial de crianza y ordeño de vacas lecheras que nació en 2009 con una autorización para albergar hasta 3.450 vacas adultas de producción de leche y 2.920 terneras de reposición. Sin embargo, casi desde el principio de su andadura anunció su intención de aumentar el tamaño de la explotación para llegar a ser el doble de grande, o más.

De este modo, en 2013, poco más de tres años después de ser autorizada, la empresa ya emprende los tramites necesarios para aumentar la cantidad de vacas adultas hasta las 7.200. Y de la misma manera, la empresa inicia una serie de actuaciones en sus instalaciones que le llevan a recibir propuestas de sanciones por parte de diversos estamentos oficiales, todas ellas por supuestos incumplimientos de algunas de las condiciones de su funcionamiento.

Así, entre mayo de 2014 y noviembre de 2018 diversas entidades de inspección ambiental (Policía Foral, Guarderío Forestal, Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Servicio de Economía Circular y Agua, Servicio de Ganadería, SEPRONA) encontraron hasta 39 supuestas infracciones e incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la empresa. Esto llevó al Gobierno de Navarra a la apertura de hasta once procedimientos sancionadores. Muchos de estos casos se pueden consultar aun hoy en la web del Gobierno de Navarra, a través de este anexo a la resolución 850E/2018 por la que Medio Ambiente rechazaba la ampliación de la granja.

Otras muchas resoluciones de similar contenido han sido emitidas pero no están publicadas en el Boletín Oficial de Navarra y es por ello mas difícil hacerles un seguimiento. Sin embargo, y gracias al trabajo de personas y colectivos, hemos podido acceder a algunas de ellas. Así, es clave el contenido de la resolución 478E/2021 de Medio Ambiente, por la que se inicia un nuevo procedimiento sancionador a la empresa, y que puede consultarse integra en el informe que diversos colectivos entregamos a los grupos políticos del Parlamento de Navarra el pasado septiembre (en su anexo VI). En él se constata como durante los últimos años la empresa ha continuado recibiendo denuncias del mismo carácter de las anteriores.

Si atendemos a las razones por las que el Gobierno de Navarra proponía establecer sanciones a la empresa, veremos como muchas de ellas tienen graves implicaciones ambientales. Por poner solo unos pocos ejemplos, estas serían del siguiente calado: construir naves y otras instalaciones no autorizadas en la AAI y sin haber obtenido licencia de obras o de actividad; albergar un número mayor de animales que lo autorizado; superar la dosis de vertido de purines en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos; muerte de vegetación y contaminación de aguas por el vertido de purines, incluso en Zonas de Especial Conservación, tránsito excesivo de camiones por caminos no preparados para ello, etc.

El caso es que, a pesar de todas las denuncias recibidas, la empresa apenas ha sido sancionada en firme. Ello es debido a que ha establecido la judicialización por defecto de todas las propuestas de sanciones y otros expedientes opuestos a sus pretensiones. De este modo, hasta la fecha la empresa ha conseguido salir indemne de la mayoría de las denuncias, sin haber tenido que abonar prácticamente ninguna sanción, y también sin haber realizado apenas ninguna de las medidas correctoras propuestas en los expedientes, tal y como se desprende de los documentos indicados.

Y también ha conseguido en los tribunales que se le permita duplicar la cantidad de vacas que explota en sus instalaciones. Todo ello gracias al gran despliegue de asesorías jurídicas con las que cuenta que han conseguido, a través de recursos administrativos y judiciales, que los tribunales establezcan la nulidad de las actuaciones emprendidas por las instancias oficiales.

Esta misma estrategia ha decidido emprender la empresa con los catorce colectivos que en setiembre del año pasado realizamos el informe de sus irregularidades y lo presentamos en el Parlamento de Navarra. Días después de su presentación, nos enteramos por la prensa como la empresa había decidido convocarnos a un acto de conciliación en los juzgados, por supuestas declaraciones injuriosas y calumniosas por nuestra parte, acto que se celebrará el próximo miércoles 30 de marzo.

Parece evidente que la empresa intenta acallar a las organizaciones que estamos luchando por proteger la tierra, la salud y la vida. Pero no lo van a conseguir, porque creemos que es obligación de toda persona la denuncia de aquellos hechos que pongan en peligro nuestro entorno. Por eso, te pedimos que te unas a nosotros y nosotras, y nos concentremos este sábado 26 a las 12:30 frente al monumento a los Fueros del Paseo Sarasate de Pamplona/Iruñea, y el miércoles 30 a las 10:00 frente al Palacio de Justicia.