En 2008 estalló una crisis financiera, económica y social que arrastró a grandes sectores de la población hacia situaciones de exclusión y marginalidad económica, siendo los cientos de miles de desahucios y sus consecuencias uno de los elementos más sangrantes. Todo parece indicar que el hilo que une los poderes político y financiero sigue siendo tan fuerte que la nueva legislación seguirá desprotegiendo a los consumidores en favor de la banca. La violencia hipotecaria que subyace a los desahucios muestra un comportamiento patológico de la oligarquía política, económica y financiera, una falta de empatía y de sensibilidad social que cualquier profesional de la psicología podría asociar a la conducta agresiva, la personalidad antisocial o la psicopatía.

De la misma forma que sucede en la violencia patriarcal, la falta de empatía se une a un proyecto ideológico de dominación y sometimiento de ese otro; en un caso las mujeres, en el otro, las clases populares. Un día oí decir a una feminista centroamericana que las mujeres generan las condiciones de posibilidad para que los hombres seamos. Para ejercer la violencia hipotecaria, el poder político ha generado las condiciones sociales y legales de posibilidad para que las entidades financieras cumplan sus objetivos de acumulación. Un proyecto neoliberal compartido por bancos y partidos políticos de régimen, un modelo de vida, de ser humano y de relaciones sociales marcadas por la propiedad, la subordinación, la marginación y la exclusión.

Con la vulneración del derecho a la vivienda se vulnera el derecho a la seguridad, a la inclusión social y a la integridad física y psicológica. Toda vulneración de derechos viene precedida de distintas formas de violencia, y en los desahucios confluyen la violencia estructural que favorece que unos acumulen lo que desposeen a otros; la violencia simbólica que culpabiliza a las víctimas de la estafa bancaria por haber vivido por encima de sus posibilidades; la violencia directa de la tortura psicológica a la que bancos y empresas de cobro someten a las familias que no pueden afrontar los gastos. La violencia hipotecaria es un problema de salud pública. Depresión, ansiedad, estrés postraumático. Suicidios. Situaciones de aislamiento, hundimiento psicológico y quiebra emocional provocadas por el miedo, la desesperanza y la indefensión. Vivir la hostilidad del día a día desde subjetividades culpables en una sociedad que culpa con demasiada frecuencia a las víctimas. Vivir la imposibilidad de hacer frente a los gastos del hogar y, en muchos casos del comer, desde la vergüenza de quién se siente colocado en el lugar marginal del fracaso.

Ante esta violencia, que vulnera el derecho a la seguridad de un techo y a la integridad de las personas, observamos la posibilidad de ser resilientes y salir a las calles, vemos la solidaridad y la protesta, vemos necesario hacer visible la violencia de la banca y sus orígenes y consecuencias. Ante este cúmulo de vulneraciones del poder, observamos la fuerza y la constancia de seguir en la pelea por transformar las estructuras sociales y los relatos. La lucha por proteger y brindar apoyo a aquellas personas que sienten el abandono institucional y el estigma social. Nos queda ese trabajo en red basado en la solidaridad y la incidencia política contra los abusos del poder, esa praxis colectiva asentada en la dignidad de resistir colectivamente a la violencia hipotecaria.