En la segunda mitad del siglo pasado se pusieron en marcha unas leyes, de carácter político, cuyo fin era alejar a las y los presos de ETA de sus lugares de residencia y que en el transcurrir del tiempo se han aplicado, además, a personas cuyo delito ha sido defender ideas políticas por las que han sido acusadas de pertenecer al «entorno de ETA».

Sin entrar a considerar la injusticia de esta medida, la conculcación de los derechos que asisten a las y los presos y la vergüenza que supone esta práctica, quisiera exponer dos cuestiones.

1.- Hemos de tener en cuenta que las personas presas, aun encontrándose en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios, seguirán encarceladas y cumpliendo las penas impuestas. Por ello, esta medida es un castigo que afecta exclusivamente a sus familiares y allegados que han de recorrer cientos y a veces miles de kilómetros para visitarlos.

2.- Además del desasosiego que suponen estos viajes, existen otras «caras» en la dispersión:

– la desprotección de colectivos especialmente frágiles, niños y ancianos: ¿quién vela por esos niños que han de hacer cientos/miles de kilómetros para poder realizar una corta visita con sus padres/madres? ¿Y quién, por los ancianos que no pueden hacerla, obviamente por su edad o escasa salud? Sorprende la desidia y dejadez de organismos que habrían de cuidar de ellos con celo y eficacia en un Estado, considerado como democrático y de derecho.

– la importantes merma en la economía de cientos de familias.

– los accidentes habidos en los desplazamientos y que desgracidamente, se han cobrado ya 16 vidas.

Estamos en otro tiempo y supone un sinsentido seguir aplicando medidas creadas para un escenario que ya no existe.

Ha llegado el momento de  exigir que se ponga fin a este castigo añadido a los familiares y allegados de las y los presos dispersados y es que además… ¡¡¡ya les vale!!!