El tratamiento de dos hechos muy distintos producidos en el ámbito policial en Nafarroa estos días refleja una realidad muy preocupante. Mientras el altercado ocurrido de madrugada en Altsasu entre vecinos y una pareja de guardias civiles con resultado de lesiones sigue acaparando protagonismo diez días después, hasta el punto de haber sido asumido por la Audiencia Nacional como «terrorismo», el eco obtenido por el fallecimiento en un inmigrante senegalés en la Jefatura Superior de Policía de Iruñea es a todas luces insuficiente y en términos comparativos muy denunciable.

La brutal diferencia parte sin duda de la instancia concernida; no hay más que asomarse a la cuenta de Twittter de la delegada española en Iruñea, Carmen Alba, para ver cuánto le interesa hablar de Altsasu y nada de lo que ocurrió en la comisaría de la calle Chinchilla, o reparar en el actual silencio sepulcral de los sindicatos policiales que tanta prisa se dieron en difundir versiones muy distorsionadas sobre Sakana. Sin embargo, esto no exime al resto de instituciones, para las que parece haber resultado más inquietante y acuciante un tobillo roto que la muerte de una persona. Ni exculpa a nuestro ámbito, los medios de comunicación, que en casos como el de Iruñea renuncian mayoritariamente a ejercer su función social de transparencia y control del poder mientras en el de Altsasu incurren en el efecto contrario: la banalidad y el amarillismo.

Desde sus diferencias, Altsasu y Chinchilla son dos caras de una misma realidad en que las versiones oficiales resultan cada vez más acríticamente asumidas, especialmente cuando no hay imágenes (o no se quieren mostrar). La difundida anteayer no tenía nada que envidiar a aquellas franquistas en que los manifestantes heridos volaban porque los disparos siempre eran al aire y los detenidos morían inevitablemente de paro cardíaco. Y ello pasa en una sociedad a la que se presenta como más informada que nunca, una de las grandes mentiras de estos tiempos.