No es fácil explicar qué ha llevado a Pedro Sánchez a tomar la decisión de cogerse unos días para decidir si continúa como presidente o toma otra decisión. Previamente, el PP denunció que la pareja de Sánchez, Begoña Gómez, colaboró con Air Europa y que, puesto que esa aerolínea fue rescatada en la pandemia por el Gobierno español, se debe investigar esa relación. La colaboración fue puntual y transparente, no tuvo consecuencias ni gastos significativos. La acusación es ridícula y la Oficina de Conflicto de Intereses la archivó. Pero entonces entra en acción el sindicato ultraderechista Manos Limpias: interpone una denuncia y, pese a no haber indicios, un juzgado de Madrid abre diligencias contra Gómez. A media tarde de ayer, Sánchez publicó una carta explicando el caso, cancelando su agenda pública y anunciando que va a «reflexionar» sobre si debe continuar al frente del Ejecutivo.

En realidad, no es tan difícil de explicar si definimos este caso como lo que es: «lawfare», un término moderno para explicar la judicialización de la política, algo que en España tiene una larga tradición política. La derecha española tiene una matriz golpista que le impide asumir el funcionamiento básico del Estado de derecho. Piensan que el Estado es su patrimonio, y que gobiernen otros, una anomalía que hay que combatir por todos los medios. No es raro que tenga esa idea patrimonialista, porque tiene copada muchas de las estructuras de poder, en especial la judicatura. Por si fuera poco, aparatos como el sindicato ultraderechista Manos Limpias y diversos medios de comunicación les hacen el trabajo sucio.

En contra de lo que afirma Sánchez, esto si tiene precedentes. Sin ir más lejos, contra Mónica Oltra, o contra Irene Montero cuando era ministra. Por no hablar de Euskal Herria y Catalunya. Tampoco se puede olvidar lo sucedido en Portugal con el primer ministro, António Costa, que tuvo que dimitir, luego la Fiscalía admitió que el investigado era «otro Costa», pero el caso hundió al Gobierno y la derecha se impuso. Sánchez hará lo que quiera, pero que no se engañe, el acoso no va a parar. No se debe ceder ante este chantaje antidemocrático.