La matanza yihadista de Catalunya –espeluznante en toda su secuencia de Alcanar a Cambrils pasando por la masacre de Las Ramblas– ha tenido el efecto de reinstalar en pleno mes de agosto la jerarquía informativa real, el peso enorme de los problemas que asolan al mundo hoy pero que tan a menudo solapan otros más intrascendentes, cuando no directamente banales. No está de más recordar, por dar un mero ejemplo, que apenas unas horas antes de ese mismo jueves el consejero de Lakua acusaba de xenofobia, intolerancia y amenazar al turismo... a Ernai.

Y sí, la extrema violencia yihadista –en su coctelera explosiva de fanatismo religioso, guerras olvidadas, desigualdades económicas... pero yihadismo al fin y al cabo– es una de las lacras inherentes a esta época histórica, no un fenómeno puntual ni pasajero. No se puede ni debe acostumbrarse a vivir con ello, pero tampoco puede ni debe soñarse con recetas mágicas ni soluciones cortoplacistas, porque no las hay. En este sentido, lo ocurrido estos días en Catalunya –como antes en París, Bagdad, Londres o Damasco– lamentablemente no descubre nada desconocido ni ofrece pauta nueva alguna desde la que abordar este conflicto que a todas luces será muy largo y duro de atajar. Solo lo ya reiterado en anteriores editoriales: actuar sobre las causas, el caldo de cultivo, en la manera de lo posible (asumiendo de entrada que algunas como el fanatismo religioso son difícilmente erradicables), y reforzar las políticas de seguridad con eficacia pero a la vez sentido común, con inteligencia y prevención (aceptando también que contra atacantes suicidas el combate siempre va a ser tremendamente desigual).

¿Estrategia local ante amenaza global?

Estos dos principios parecen de perogrullo y aceptación general, pero el primero es obviado de modo general y el análisis detallado del segundo ofrece conclusiones totalmente alarmantes en nuestro entorno político. Así, desde la misma tarde del jueves ha sido notorio el interés de círculos de poder de Madrid (desde los mensajes sibilinos de Mariano Rajoy a los editoriales más expresivos de algunas cabeceras) por reforzar la idea de que la garantía de la seguridad en Catalunya pasa ineludiblemente por una cooperación-integración de las labores de las policías catalanas y españolas. Y ello obliga a preguntarse, ¿es que acaso ese principio está o puede estar en cuestión? ¿Acaso alguien plantea que una amenaza global como ésta pueda ser afrontada eficazmente desde parámetros meramente nacionales o incluso locales?
Y es aquí donde surgen el estupor primero y la preocupación después, porque la respuesta no es el previsible ‘no’ sino un indignante ‘sí’. Una nota emitida el viernes por el PNV anunciando que acudirá mañana como observador a la reunión del llamado Pacto Antiyihadista sitúa esa decisión como un «gesto» derivado entre otras cosas de que «la Ertzaintza ya disfruta de acceso a datos e información antiterrorista».

Sin soberanía ni siquiera hay seguridad

La cuestión tiene una gravedad inusitada. Supone que durante más de una década en que la amenaza que afloró el 11M de 2004 ya ha estado presente en el entorno de Euskal Herria (en el mapa yihadista nada lejano de Madrid, París, Barcelona o Niza), la Ertzaintza ha carecido de herramientas claves para afrontarla. Con la imagen de los operativos de los Mossos d’Esquadra en la retina, es inevitable preguntarse cómo hubiera podido encarar una situación similar esa policía autonómica vascongada a la que se atribuye carácter integral, con una información limitada, con una labor preventiva consiguientemente cercenada, con un plus de riesgo para sus agentes..., por no hablar de la Policía Foral navarra, a la que se regatean incluso competencias de tráfico.

La indignación aumenta cuando la misma nota sitúa esa capacitación de la Ertzaintza como «una de las contraprestaciones que el PNV consiguió para Euskadi en el marco de los acuerdos presupuestarios con el Gobierno central», hace unos meses. Quizás nunca hasta ahora las limitaciones a la soberanía vasca se habían revelado tan deplorables políticamente ni tan alarmantes por sus potenciales efectos. Alguien tendría que dar una explicación de cómo se puede llegar a convertir la cuestión de la seguridad ciudadana en moneda de cambio de negociación presupuestaria. Y es todo el país el que queda interpelado por la realidad de una sumisión evidente y de un juego político rastrero e inaceptable.