El Congreso votó ayer la modificación del Concierto y la Ley Quinquenal del Cupo, cosechando ambas un apoyo amplio pero rescatando al mismo tiempo la polémica que acompaña a esta herramienta desde su restauración, hace casi cuatro décadas. Es un ritual; portavoces políticos e institucionales claman contra los «privilegios» y la «sobrefinanciación» de las haciendas vascas, mientras sus defensores, incluida la representación autonómica, mantienen siempre una actitud defensiva, tratando de refutar las críticas aun sabiendo que no desaparecerán, pues no son técnicas ni legales, sino ideológicas y que obedecen a una pulsión centrípeta.

Omiten unos y otros, cada uno por su interés, que el Concierto, igual que el Convenio, es un rescoldo de la autonomía financiera existente en Hego Euskal Herria hasta finales del siglo XIX, laminada tras las Guerras Carlistas, y que en absoluto muestra una relación de igual a igual con el Estado, pues su actualización, por ejemplo, depende de la voluntad existente en Madrid. Lo ocurrido en los últimos años, hasta que el PP ha necesitado del PNV, vale como ejemplo. La capacidad de veto es evidente y la bilateralidad, una filfa. ¿Qué ocurriría en un escenario de mayoría entre C’s y PP? Lo mismo puede decirse del Cupo, que sería oneroso incluso en una cuantía muy inferior, pues financia «servicios» que esta sociedad ni quiere ni necesita, pero que además hoy no responde al peso de la economía vasca en el Estado, menor que el porcentaje de referencia. Pagamos por cosas que no deseamos y lo pagamos caro.

El debate sobre el Concierto es unidireccional, siempre se da en los términos fijados por Madrid, algo que interesa a quienes quieren erosionarlo, pero también sirve para poder presentarlo como logro, victoria o mal menor. Es hora de que ese debate se abra en la sociedad y las instituciones vascas, sin límite y con todas las cartas sobre la mesa. Que nos preguntemos, entre otras cosas, si no nos iría mejor si cada año no abonáramos al Estado un 2% de nuestro PIB.