El Congreso español rechazó ayer dos reales decretos, uno que prorrogaba el gravamen energético y otro que incluía desde la actualización de las pensiones hasta las ayudas al transporte. El único que aprobó fue el relativo a la reforma de la jubilación que permite compatibilizar el cobro de pensión con el mantenimiento del empleo. La lectura es sencilla: aprobaron bajar los impuestos al capital, congelar un buen número de ayudas sociales y habilitar la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras sigan produciendo más allá de la edad de jubilación. Un asalto a los derechos y al bienestar de la clase trabajadora en el que el PNV desempeñó un papel clave, por su negativa a prorrogar el impuesto de las energéticas, a la que Junts también se unió.

Con la supresión del impuesto a las energéticas, no solo permite que los grandes oligopolios continúen acumulando más beneficios, sino que también reduce los ingresos de las haciendas forales. Sorprendentemente, esta clase de agujeros en las cuentas públicas no preocupan excesivamente al PNV, siempre obsesionado por cumplir los criterios de austeridad. Ya lo compensará recortando algún programa social. En todo caso, parece más importante no desairar al CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, que no ha dudado en amenazar públicamente con congelar sus inversiones en el Estado. El argumento que utilizó la representante del PNV, Idoia Sagastizabal, fue que ese impuesto no se aplica a otras grandes corporaciones con enormes beneficios, como la distribución o las farmacéuticas. La diputada jeltzale vino a decir que es mejor no hacer nada a hacer algo limitado. Una gran filosofía política para que nada cambie y las grandes empresas tengan las manos libres para seguir exprimiendo a la gente corriente con su enorme poder de mercado. Un poder que les permite fijar precios y obtener ganancias extraordinarias, como dejan patente cada vez que presentan beneficios.

En un Congreso sumido en una sucesión de refriegas, el PNV aprovecha el caos para hacer defender los intereses de las energéticas en detrimento del interés general y del bienestar de la ciudadanía. Una estrategia de corto aliento.