En 2008, la UE aprobó una directiva que obligaba a los Estados a computar la pena que un preso o presa había cumplido en otro Estado miembro. Es decir, consideró que si alguien había pasado dos años en la cárcel en Estonia y le esperaba en Finlandia una condena de cinco, le restaban por cumplir tres. Tras seis años sin trasladar la norma europea a la legislación estatal, a través de una disposición adicional, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió en 2014 que esta lógica no era aplicable a los presos vascos con condenas previamente cumplidas, sobre todo, en el Estado francés.

Ahora, dentro de una reforma legal integral aprobada por unanimidad en el Congreso español, se debía poner fin a esta excepcionalidad tras su paso por el Senado. Una noticia sesgada, y la consabida sobreactuación de lobbies que nada tienen que ver con la justicia y nada quieren saber de la convivencia, desembocaron finalmente en una maniobra, por parte del PP, para retrasar la votación. Los de Feijóo, igual que UPN y hasta Vox, habían votado a favor de la reforma para adecuarse a la normativa europea. ¿De verdad no sabían lo que votaban? ¿Semejante es su incompetencia? ¿O simplemente son prisioneros de unos grupos de presión insaciables que alimentaron de forma a todas luces contraproducente?

Pese a estas maniobras, los expertos en Derecho europeo y en parlamentarismo afirman que la reforma saldrá adelante. Es de sentido común y de justicia. De hecho, es algo que llega con 16 años de demora –muy tarde para demasiadas personas– y es lo exigible para cumplir con una directiva europea que el Estado español se ha negado a aplicar en particular con los presos vascos. El ensañamiento es de manual y algunos jueces lo consideraban una «grave desproporción punitiva».

Cuando se habla de excepcionalidad penitenciaria, es precisamente de esto de lo que se habla. Cuando hablan de aplicación de la misma ley para todos, es esto lo que olvidan. La aplicación de una legislación ad hoc, manoseada para dar rienda suelta a una sed de venganza, no tiene cabida en un marco compartido que no puede ser sino el de la defensa de todos los derechos para todas las personas.