La UE inició ayer una cumbre para tratar, entre otros temas, de dar el visto bueno al acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), cuya ratificación está paralizada por el veto impuesto por Bélgica. Así lo anunciaron el martes la mayoría de titulares, obviando muchos de ellos que no es toda Bélgica la que se opone al acuerdo transnacional; es el Parlamento de Valonia. Lo que ocurre es que el sistema federal belga otorga a los parlamentos valón y flamenco diversas competencias en materia de política exterior, entre ellas la ratificación o rechazo de los acuerdos internacionales.

Tras un intenso debate, una amplia mayoría del Parlamento valón (desde los democratacristianos hasta la izquierda del PTB) rechazó dar el visto bueno a un acuerdo al que no ven «garantías suficientes», en palabras del presidente valón, Paul Magnette. Critican la opacidad con la que se ha negociado, la desregulación que podría traer a sectores protegidos por la legislación europea como el alimentario y el peligro de otorgar a las empresas una gran capacidad de coacción sobre los estados a través del Sistema de Tribunales de Inversiones (uno de los aspectos más polémicos del hermano mayor del CETA: el TTIP que se negocia con EEUU), un mecanismo de arbitraje privado en el que las empresas pueden demandar a los estados cuando consideren que sus inversiones han sido perjudicadas.

El federalismo real de Bélgica, que asume como propio el veto de Valonia, contrasta con la carcasa autonomista española. Desde Madrid han reivindicado en numerosas ocasiones que el español es el Estado más descentralizado de Europa, afirmación que cae por su propio peso cuando Margallo critica a Bélgica y asegura que «todo lo que sean competencias exteriores deben estar en manos del estado». La votación valona, pública y publicitada, también contrasta con el proceder español, cuyo Gobierno en funciones no ha tenido problema alguno en ratificar el CETA sin debate ciudadano ni parlamentario ninguno.