Difícilmente se puede justificar la retención en prisión de personas gravemente enfermas, la dispersión y el resto de medidas de excepción aplicadas a los presos y presas vascos. Tan difícilmente que quienes las justifican se niegan a hablar sobre ellas. PP, UPN, UPyD y PSN ni siquiera quisieron escuchar las preguntas de la delegación de eurodiputados y eurodiputadas que estos días se han reunido con representantes institucionales, sindicales y otros agentes de Euskal Herria. La explicación solicitada por los eurodiputados no es complicada pero, a tenor de la actitud de esos partidos, es inconfesable por inadmisible, porque así es la vulneración de derechos como instrumento político, llevada a cabo precisamente por quien tiene la misión de salvaguardar esos derechos.

No es el caso de los responsables políticos de Ipar Euskal Herria, que ya anteriormente habían demostrado una sensibilidad libre de servidumbres partidistas. Ayer departieron con la delegación europea, que pretende contrastar los diferentes puntos de vista de todas las partes para elaborar un informe que presentará en instituciones de los estados español y francés y de Euskal Herria, desde el convencimiento de que es preciso buscar una solución a la situación de los presos y presas vascos. Tampoco es el caso de los agentes bretones que ayer se desplazaron hasta la residencia del recién nombrado ministro de Justicia francés, Jean-Jacques Urvoas, para hacerle llegar una misiva en la que demandan la libertad de Lorentxa Guimon, presa vasca que desde el pasado diciembre ha sido hospitalizada en tres ocasiones y a la que hace tres meses le fue aprobada la libertad condicional, pero continúa en prisión a la espera de la resolución del recurso de la Fiscalía.

Como Guimon, una decena de presos y presas han de afrontar sus graves enfermedades encerrados y alejados de los suyos, en una situación injustificable, que no inexplicable, aunque la explicación sea inconfesable.