El Tribunal Supremo español dio a conocer ayer su resolución sobre los recursos contra la sentencia del caso Nóos. El fallo se limita a realizar algunos retoques a la sentencia del juzgado de Palma: rebaja levemente algunas penas y aprovecha para anular el delito contra la Hacienda Pública a Cristina de Borbón, hermana del rey. Para hoy están citados en la Audiencia de Palma el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, su socio, Diego Torres, y el expresidente de Baleares, Jaume Matas, los tres acusados con penas de cárcel para los que el tribunal podría decretar el ingreso en prisión.

La naturaleza técnica que se ha querido dar al fallo no oculta el carácter político del mismo. Es por ello que buena parte de las declaraciones pronunciadas ayer, empezando por la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, trataran de dejar claro que la ley es igual para todos. Hay, sin embargo, dos aspectos que contradicen esa idea. Por una parte, los condenados han recibido un trato exquisito: no se les ha exigido medidas cautelares, incluso, se les ha permitido fijar su residencia en el extranjero. Una atención que contrasta con el envío a prisión a los jóvenes de Altsasu o a los políticos catalanes por poner dos ejemplos recientes. Por otra parte, el fallo revela las diferencias ocultas en el Código Penal: en el Estado español se castigan con extrema dureza los delitos contra la propiedad privada o los delitos políticos, infracciones por las que casi siempre resultan acusadas personas desfavorecidas o pobres; por contra, el saqueo de los bienes públicos, actividad a la que históricamente se han dedicado las élites –como revela la presencia de familiares reales en este caso–, suele llevar aparejadas penas mucho más leves. Dejar sin castigo la apropiación de recursos públicos aprovechando una posición de privilegio retrata a un sistema  político indecente.

Monarquía e igualdad son términos antónimos. Justicia y privilegios, otro tanto. Por eso, porque aleja la desigualdad y acerca la justicia, República significa libertad.