La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, inauguró ayer la conferencia anual del SNP anunciando que el gobierno que encabeza presentará la semana que viene una propuesta de Ley de Referéndum. El texto será debatido en el parlamento de Holyrood, donde los independentistas suman una amplía mayoría, por lo que todo hace prever que Escocia dispondrá en cuestión de meses de una herramienta legal con la cual volver a preguntar a sus ciudadanos sobre la secesión.

Sturgeon concretó así el calendario activado tras el referéndum del Brexit, en el que un 62% de escoceses votaron por la permanencia en la UE, opción que, como ya se sabe, perdió el plebiscito. La posición de Edimburgo es clara: si los escoceses votaron en contra del Brexit, deben tener una nueva opción de decidir su futuro antes de que dicha salida se materialice. Es decir, dentro de los dos próximos años. Pese a que se suele recomendar esperar más tiempo antes de convocar un segundo referéndum, el cambio de escenario otorga a la iniciativa escocesa toda la legitimidad, más teniendo en cuenta que la salida de la UE de una futura Escocia independiente fue una de las principales amenazas esgrimidas por el unionismo en el referéndum de 2014. El discurso del miedo caló entre los más mayores, que votaron por seguir en Gran Bretaña. Ahora es dicha permanencia la que los saca de la comunidad europea.

Como en el Norte de Irlanda, donde empieza a articularse el movimiento contra la reinstauración de la frontera con el resto del país, la iniciativa escocesa es uno de los efectos colaterales del Brexit con el que tendrá que lidiar el Ejecutivo londinense de Theresa May, cuya dura retórica contra el anhelo independentista permite augurar futuros encontronazos. Confrontación que, sin embargo, en el caso británico acostumbra a pasar felizmente por las urnas. La comparación con un Estado español que ayer anunció que sentará en el banquillo de los acusados a los impulsores de la consulta catalana del 9N es, de nuevo, irresistible.