Dos hechos de signo bien diferente se han concatenado y entremezclado estos últimos días hasta convertirse en uno de los principales focos de atención: el escándalo del espionaje masivo por parte de los servicios de inteligencia españoles a representantes del independentismo vasco y catalán, por una parte, y la aprobación gracias a los votos de EH Bildu del paquete de las medidas anticrisis presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso español, por otra.

La polémica tras conocerse la utilización del sistema de espionaje Pegasus se ha prolongado para alcanzar de lleno al pleno del Congreso en el que se discutía el decreto para paliar las consecuencias de la crisis agravada por la guerra de Ucrania, en medio de una amalgama de posiciones políticas difícilmente reconciliables. Pugnaban, entre otras, la obligación de denunciar el espionaje por parte de aquellos que lo han sufrido y que, paradójicamente, sostienen una mayoría que permite a Sánchez gobernar; los equilibrios del Ejecutivo ante el peligro de recibir un revés parlamentario que pondría en cuestión su estabilidad; la puesta de largo del PP de Alberto Núñez Feijóo en su camino para acceder a La Moncloa aun a costa de hacerlo a lomos de la ultraderecha, y la necesidad imperiosa de responder a las consecuencias que sobre la población está teniendo esta nueva crisis.

La salomónica decisión de EH Bildu con la fórmula de apoyar al decreto pero no al Gobierno parece haber dado respuesta de una sola vez a todas esas cuestiones. A la vista de la airada reacción de la derecha española, ese voto, que no deja de ser un mero procedimiento parlamentario, se ha convertido en un suerte de acto revolucionario que erosiona los pilares del régimen. Suena exagerado, y seguramente así lo es, pero ello no resta para convenir que sus posiciones han ganado terreno.

En todo caso, dar respuesta a una situación no hace siempre que los problemas que la han generado desaparezcan, y mucho menos cuando estos tienen que ver con el Estado profundo y la defensa que este gobierno, como todos los anteriores, hace del mismo. La declaración de la ministra Margarita Robles en el sentido de que el CNI se ve obligado a espiar a aquellos cuyas aspiraciones políticas chocan con la sacrosanta unidad de España resulta del todo elocuente. Ese pensamiento y forma de actuar se lo inculcaron hace ya años a la propia Robles los generales de la Guardia Civil cuando, recién llegada al cargo de secretaria de Estado de Interior, insinuó en un encuentro celebrado en Gasteiz que había que terminar con la tortura porque atentaba contra la Carta Magna. En los baños del acuartelamiento, uno de esos generales lo dejó sentado ante uno de los principales colaboradores de Robles: «Yo me limpio la polla con la Constitución». Había que torturar y hay que espiar.

El grueso calibre de estas palabras sirve para dejar constancia de qué tipo de Estado y de democracia estamos hablando; de un régimen que se resiste a evolucionar para que todos los derechos y libertades se puedan satisfacer plenamente y sin ningún tipo de cortapisa.

Por ello, el soberanismo de izquierda debe hacerse la pregunta de si existe o existirá gobierno en España con el que acordar un salida sin injerencias coercitivas a la cuestión vasca. O dicho de otra manera, si se podrá pactar el ejercicio del derecho de autodeterminación en un proceso de diálogo normalizado. La respuesta parece bastante obvia: ni lo hay ni lo habrá en mucho tiempo.

Esta respuesta obliga a una segunda pregunta sobre si, aun así, existe capacidad de avance en cuestiones cruciales como la resolución de las consecuencias de la fase más cruenta del conflicto, la asunción de mayores cotas competenciales y de estructuración institucional o la mejora en las condiciones de vida de las personas. Los últimos tiempos demuestras que sí, que esa partida se puede y se debe jugar, más aún ante el riesgo creciente de la llegada de la extrema derecha al poder.

La tercera interrogante a responder se refiere a quién debe mirar, en estas circunstancias, el soberanismo de izquierdas para poder hacer todo el trayecto que lleve a colmar sus objetivos finales. Su verdadero «aliado estratégico» no es otro que el pueblo vasco y su ciudadanía, donde alcanzar los acuerdos y mayorías suficientes con los que poder sobrepasar los diques que quieran contener la voluntad popular. No puede haber compañero de viaje más fiable. Con él ha de comprometerse.