La decisión de retirar las órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su Gabinete que permanecen en Bruselas puede ser sorpresiva pero tiene lógica, pues busca anticiparse a una decisión de la Justicia belga que pondría en un brete la causa abierta contra los mandatarios catalanes, como es admitir su entrega pero limitándola a determinadas imputaciones. En concreto, el juez Pablo Llarena teme un eventual rechazo a la asunción de las acusaciones de rebelión y sedición, que sostienen todo el proceso. Si el president y sus consellers fueran entregados pero no pudieran ser encausados por esos dos delitos, no solo se aliviaría su situación procesal sino que también afectaría al resto de personas inmersas en este mismo sumario.

Que la decisión sea lógica, sin embargo, no quiere decir que haya sido tomada con gusto. En primer lugar, porque el magistrado del Supremo se ha visto obligado a enmendar a su colega de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que engrosó el dosier de los cinco exiliados con nuevos delitos para posibilitar su entrega. Tampoco será del agrado de Llarena asumir que Bélgica no iba a dar su visto bueno a una orden basada en las acusaciones de rebelión y sedición, con toda la carga de descrédito que supondría esa negativa para la Justicia española. Y en tercer lugar, porque la decisión se produce cuando la maquinaria judicial belga ya ha sido obligada a inmiscuirse en un proceso ajeno, político y que no le resulta cómodo. ¿Qué pensarán ahora en aquel país la Fiscalía y los jueces? ¿Y sus gobernantes?

Puigdemont y sus compañeros y compañeras, caricaturizados a causa de su exilio, además de mantener el foco sobre el proceso catalán en el escenario internacional han logrado que la Justicia española se muestre en toda su desnudez en el corazón de Europa. No es la primera vez que ocurre, y quizá la UE, en vez de acostumbrarse al sonrojo permanente de su socio, debería empezar a anticiparse a sus desmanes para no tener que enmendarlos a posteriori.