El anuncio de Unidos Podemos de que prepara una moción de censura para echar al Gobierno del PP sacudió ayer con fuerza el escenario político en el Estado. La iniciativa política llega en un contexto marcado por la enésima operación contra la corrupción del Partido Popular y el rosario interminable de escándalos que va destapando su desarrollo. En ese cenagal el Gobierno Rajoy trata de colocarse de perfil para continuar negociando discretamente los apoyos a su proyecto presupuestario. La moción viene a trastocar esa aparente placidez y, en consecuencia, las primeras valoraciones de la mayoría de los partidos políticos fueron bastante negativas, con acusaciones de partidismo, oportunismo, irresponsabilidad y mala fe. Todo ello denota, sobre todo, el enfado de unos políticos a los que no les gustan las sorpresas, y mucho menos cuando están calculando las sabrosas contrapartidas que recibirán a cambio de su aval a los presupuestos y, por extensión, también al Gobierno que los presenta.

En una perspectiva más general situó el debate ERC. Fue el primer partido en condicionar su apoyo a que los promotores no pongan impedimentos a la celebración de una consulta en Catalunya. Consulta que, recordaron, responde al mandato democrático recibido del pueblo catalán en las urnas. Porque más allá de los cálculos y valoraciones que pueda hacer cada fuerza política en torno a esta iniciativa, la cuestión clave que plantea la moción es el emplazamiento a todos los partidos que durante la campaña electoral pidieron un voto para echar al Gobierno del PP. Ese y no otro era el soporte que solicitó también el PNV, que ahora, sin embargo, olvida mientras trata de vender más caro todavía su apoyo a un Gobierno que carece de toda legitimidad. La cuestión que plantea la moción de censura, por tanto, es si existe realmente voluntad para echar al PP del Gobierno atendiendo al mandato popular recibido. Aunque solo sea por decencia democrática.