El Obispado de Donostia sorprendió el martes con un comunicado en el que informaba del proceso al ex vicario general de Gipuzkoa, Juan Kruz Mendizabal, por haber abusado sexualmente de dos menores en los años 2001 y 2005. Delito reconocido por el propio culpable, según la nota de la institución encabezada por el obispo José Ignacio Munilla. No estaría de más saber si la notificación pública, loable en sí misma, responde a un inusual esfuerzo de transparencia o a que las dos víctimas emitieron un comunicado el mismo día.

Sea como sea, y al margen del enfermizo morbo que casos como este acostumbran a generar, respetando en todo momento la intimidad reclamada por las víctimas, conviene situar el debate en el terreno del interés público. En este sentido, es inaceptable que el mediático cura haya sido juzgado y condenado en el seno de la Iglesia, sin pisar un tribunal ordinario. Se trata de un «yo me lo guiso, yo me lo como» jurídico que deja a Mendizabal, que confesó su delito, con una pena irrisoria (cambio de domicilio y pérdida de algunas potestades eclesiásticas), a años luz de los dos a seis años de prisión que el código penal prevé en casos de abusos sexuales a menores.

Las víctimas tienen todo el derecho a elegir por qué vía denuncian al abusador, faltaría más, pero el Obispado debería haber puesto lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía, que puede iniciar acciones penales por su cuenta. Ayer anunció que lo hará, tal y como debe ser, sobre todo teniendo en cuenta que, según el comunicado de los dos jóvenes, se habla de otros casos que podrían implicar también a Mendizabal. No se trata de reclamar su lapidación pública, ni de caer en la peligrosa tentación del populismo punitivo, sino de exigir que el código penal vigente para todos los ciudadanos se aplique por igual a curas, monjas, frailes y obispos. Puede que el reino de Jesús no fuese de este mundo, pero sus herederos son comunes mortales para los que debe regir la misma justicia que para el resto.