En una sentencia dada a conocer ayer, el Tribunal Administrativo de Nafarroa anula una decisión del Ayuntamiento de Lizarra que valoraba el euskara como mérito en aquellos puestos de trabajo de la plantilla municipal para los que no se exigía su conocimiento. A su juicio, se trata de una discriminación que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad. Considera, además, que para que pueda ser evaluado como mérito es necesario que vaya precedida por una «valoración individualizada, racional, proporcionada y adecuada en función de las características del puesto, las funciones a desarrollar y la realidad sociolingüística que debe atender». Que un tribunal demande semejante justificación para que el euskara pueda contar simplemente como mérito cuando se opta a un puesto de la administración pública lleva a preguntarse por la motivación que necesitará cuando sea preceptivo.

Desde esta perspectiva habrá que valorar el hecho de que ese mismo tribunal haya anulado que se exija el conocimiento del euskara en los puestos de técnico y animadores de Juventud, pero lo admita para los puestos de educadores-cuidadores de los centros de cero a tres años de la localidad. Es posible que el tribunal considere que en su más tierna infancia los niños y niñas hablen en euskara sea racional, proporcional y adecuado, pero que quieran seguir hablándolo de mayores le parece un tremendo disparate. De este modo, el tribunal circunscribe el ámbito del euskara a la infancia. No es ni siquiera una lengua de segunda clase, es la lengua de los niños y las niñas.

Los tribunales españoles han decidido torpedear cualquier intento de normalizar el uso del euskara en la administración pública vasca. Los argumentos son lo de menos. La intencionalidad política de los jueces es evidente y forma parte de una involución mucho más general. Cada vez está más claro que el futuro del euskara pasa por el ejercicio de una soberanía solo posible en un Estado propio.