Marruecos no quiere testigos en el Sahara

El Gobierno de Marruecos impidió a una delegación vasca visitar la capital del Sahara Occidental, El Aaiún. El grupo estaba formado por tres parlamentarios de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento de Gasteiz y representantes de Euskal Fondoa, y con esa visita querían reivindicar el derecho a la autodeterminación del Sahara, denunciar las constantes violaciones de los derechos humanos y celebrar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegales los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos en aquellas cuestiones que afectan al Sahara Occidental. La delegación señaló que la visita fue comunicada a las autoridades marroquíes, que no se opusieron.

No es la primera vez que el régimen de Mohamed VI impide a una misión vasca visitar el Sahara. Una actitud que tiene mucho que ver con la represión que ejercen las fuerzas de ocupación marroquíes contra el pueblo saharaui con el objeto de continuar saqueando sus recursos naturales. Un hostigamiento que se traduce en graves vulneraciones de los derechos humanos, que no han cesado desde que Marruecos lo ocupó en 1975. La prohibición se enmarca, por tanto, en los esfuerzos de las autoridades marroquíes por evitar que haya testigos de lo que está ocurriendo en el Sahara bajo su ocupación. Es asimismo significativo que la razón dada para vetar su entrada fuera «la soberanía marroquí», dando por supuesto que su presencia allí es legal, cuando en realidad Marruecos ocupa ilegalmente el Sahara Occidental, un territorio que teóricamente está bajo control de la ONU. Sin embargo, la desidia de las potencias coloniales –entre ellas el Estado español– y sus intereses geopolíticos mantienen una ocupación que impide la autodeterminación del pueblo saharaui.

En este contexto de violación de los derechos humanos en el Sahara, es imprescindible mantener viva la denuncia de la represión del régimen de Mohamed VI y de la complicidad del Gobierno español, que sigue dando la espalda a una solución justa basada en el derecho a la autodeterminación conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

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