El Tribunal Constitucional español ha avalado gran parte de la Ley estatal de Vivienda aprobada en la legislatura pasada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de algunas fuerzas progresistas como EH Bildu y ERC. Uno de los principales objetivos de la norma era imponer límites a los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. La ley fue recurrida por diferentes comunidades autónomas que argumentaron que había invasión competencial, entre ellas la CAV, Catalunya y Andalucía, y también por el PP. La sentencia ha salido adelante gracias a los votos de la mayoría considerada progresista y a pesar de la oposición de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, conocidos por sus posturas retrógradas en diferentes ámbitos.

El fallo responde al recurso de Andalucía, pero establece jurisprudencia para el resto de recursos, incluido el vasco. El TC establece que el Estado tiene una competencia general que, por ejemplo, le permite establecer regulaciones cuando el mercado está descontrolado e impide el derecho a la vivienda. Este sería el caso de los precios en las zonas tensionadas. Hay ayuntamientos vascos, como el de Errenteria, que ya han dado el primer paso en ese sentido. Hay otros ámbitos donde, sin embargo, el Estado no tiene potestad, como en el de la vivienda protegida y su paso al mercado libre. No obstante, tanto en la ley de la CAV como en la navarra, sucesivas reformas establecieron que esas viviendas no pueden ser vendidas a precio de mercado libre, limitando la especulación. Respecto a la información que deben dar los denominados «grandes tenedores», el tribunal cree que el Estado se excede y que esa fiscalización corresponde a los gobiernos autonómicos, aunque Lakua no había recurrido esta parte.  

El PNV ha estado negando la realidad, defendiendo políticas que solo benefician a su red clientelar y poniendo trabas para no aplicar la ley –primero porque al no haber norma estatal se generaba inseguridad jurídica y luego por la supuesta invasión competencial–. Defendían sus intereses, pero la vivienda es una prioridad social y no caben más excusas.