El periodista Pablo González cumple hoy once días en manos del Estado polaco. Está encarcelado de forma preventiva en la cárcel de Rzeswów. Fue detenido el pasado 28 de febrero cuando cubría la llegada de refugiados ucranianos a Polonia y todavía no se ha podido comunicar ni con su familia ni con su abogado, extremo que choca contra los más elementales fundamentos de un estado de derecho democrático. La angustia de la familia es totalmente comprensible.

El Consejo de Europa, a través de su plataforma en defensa del periodismo y de la seguridad de los periodistas, denunció ayer la detención. Cabe recordar que esta misma plataforma denunció el año pasado 15 atentados contra la libertad de prensa en Polonia. O que el alto comisionado de este organismo para los Derechos Humanos ya advirtió hace un año contra las medidas del Gobierno polaco contra la libertad de prensa y los medios independientes. O que en setiembre el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría «condenar el continuo deterioro de la libertad de prensa y del estado de derecho en Polonia». O que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) falló en noviembre contra el país centroeuropeo por socavar la independencia judicial. O que la propia Comisión Europea ha decidido retener fondos europeos a Varsovia por incumplir autos del TJUE. Con estos precedentes, y sabiendo que no ha podido siquiera comunicarse con su abogado, es absurdo pensar que Polonia puede garantizar un juicio justo, como pidió el miércoles la consejera de la CAV Beatriz Artolazabal, en unas declaraciones como poco desafortunadas.

Lo que hay que exigir a Polonia es que libere de inmediato a Pablo González, tal y como ha reclamado pertinentemente la Asociación vasca de periodistas Kazetariak, que ha calificado de «insulto imperdonable a la democracia y un atropello a toda la profesión» la detención de González mientras ejercía una labor fundamental, más si cabe en un contexto bélico como el actual.