Un grupo amigos y amigas de Galder Barbado y Aitor Zelaia, jóvenes alaveses condenados a cuatro años de cárcel y pendientes de un recurso en el Tribunal Supremo español, están sufriendo el acoso de las FSE y de lo que antes se llamaba «incontrolados». Son fuerzas parapoliciales que ponen en su punto de mira a activistas a los que hostigan. Ejercen una violencia injustificada y sin ningún tipo de control. En este caso, todo comenzó con el acoso contra Barbado, que ha sufrido retenciones forzosas en controles policiales, presiones, seguimientos y llamadas, todo con el objetivo de amedrentarle y forzarle a colaborar con la Policía. Interpuso una denuncia, pero esas presiones no han cesado, ni en su caso ni en el de sus compañeras y amigos. El pasado viernes, la joven Sarai Goitia denunció este acoso en un juzgado de Bilbo.

Estas prácticas han sido habituales durante décadas en Euskal Herria. Ha habido diferentes fases, más o menos sofisticadas, más o menos virulentas. El objetivo es generar miedo en el entorno de las personas a las que señalan como objetivos. Buscan delaciones y marcaje ideológico. Intentan que la juventud desista de comprometerse políticamente, que renuncie a defender sus ideas. Es un nivel de violencia sectaria particularmente perverso, porque juega en la frontera de la legalidad. Ningún juez puede legitimarla, y tampoco han tenido voluntad de perseguirla.

En su momento, cuando el conflicto vasco corrió el peligro de derivar en enfrentamientos al nivel más básico de la ciudadanía, al hostigamiento entre vecinos, se inventó el concepto de «violencia de persecución». Sin embargo, solo se aplicó a la violencia que ejercían unos y que padecían otros. Han pasado veinte años, y quizás sea un buen momento para recuperar esa idea. El problema es que quienes bautizaron esa violencia han perdido interés en el tema de los derechos humanos y de la violencia política. Son los suyos, policías y fachas, los que nunca han dejado de perseguir a un sector de la sociedad por sus ideas.