La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el martes condenó al Reino de España por el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola encierra varias paradojas muy graves. Desde una perspectiva internacional y jurídica, por ejemplo, habrá sido muy revelador descubrir que la sentencia de un juzgado provincial como el de Gipuzkoa era la cierta, mientras la todo un Tribunal Supremo estatal falseó la realidad cubriendo el delito. Palabras mayores.

En términos políticos, con este expediente algunos habrán descubierto y otros muchos confirmado que la de ETA no era la única violencia política. El Estado la aplicó en grado máximo contra estos dos detenidos, hasta el punto de que, según los forenses, Portu pudo haber fallecido en manos de ese brazo armado llamado Guardia Civil. Conviene reparar, en paralelo, en que si finalmente solo tres de los siete jueces han determinado que existieron torturas es porque a los otros cuatro les resulta imposible constatar cuál fue la intencionalidad de ese trato inhumano. No está claro siquiera que buscaran arrancarles información o autoinculpaciones, el argumento tras el que al final cualquier Estado viene a disculpar sus torturas, explícita o implícitamente. Pero precisamente hoy quedan libres los andoaindarras Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño, protagonistas de la última gran denuncia de torturas difundida en Euskal Herria: golpes, privación del sueño, vejaciones sexuales... y eso no ocurrió en enero de 2008 sino en febrero de 2012, cuando la lucha armada de ETA ya había concluido. Tras décadas en que esta lacra había atravesado generaciones enteras, policías diferentes, gobiernos de diverso signo ideológico e incluso dos regímenes distintos, torturar se había convertido en una rutina macabra.

Con todo, y mirando ya al futuro, hay una paradoja final que parece pasar desapercibida pero es especialmente dramática. En Estrasburgo llega a su estación final un proceso judicial que determina que cuatro guardias civiles cometieron trato inhumano y degradante contra dos ciudadanos vascos, pero nunca serán castigados por ello al haber quedado absueltos por los tribunales españoles. Y en el reverso de la misma moneda, esos mismos tribunales mantienen presos a un número de vascos –seguramente cuantioso– sobre la base perversa de testimonios arrancados bajo tortura, lo que anula de raíz su credibilidad. Dicho más claro, hay culpables en la calle y otros que no lo son en prisión.

Mirar al futuro, pero de verdad

Hay dos maneras de abordar esa contradicción. Una es incidir en la obvia impunidad producida, lo que da centralidad a la cuestión de la justicia punitiva e inevitablemente pone el foco sobre el pasado. La otra es primar un enfoque resolutivo, que se asiente sobre la verdad y mire al futuro. Intentar combinar ambas resulta difícilmente compatible y muy poco eficaz.

¿Qué prefieren las víctimas de la tortura? El estudio del Instituto Vasco de Criminología da alguna pista clara tras hablar con cientos de ellas: «Los sentimientos que con más claridad aparecían era la necesidad de que no se volvieran a repetir situaciones tan extremas como la tortura y la necesidad de realizar un relato de la verdad e incluir esta realidad dentro de la memoria». Si se quiere un caso más concreto y directo hay que remitirse obligadamente al de los cuatro jóvenes de Iruñea que entre 2002 y 2004 estuvieron presos por una inculpación forzada en comisaría que después se constató falsa. Su posición posterior tras este escándalo silencioso, reflejada en una entrevista a GARA a su salida de prisión, tenía un mensaje central que hoy gana actualidad y fuerza: «Detrás de lo de los ‘cuatro de Iruñea’ no hay un error, sino que está el tema de las torturas. Nuestro caso es una excepción porque hemos tenido una suerte de mil pares de narices. Pero es que hay un montón de casos en los que, como no son tan espectaculares, la gente se come un montón de años. Y a nadie le escandaliza».

Suena llamativo que desde la cúpula del Gobierno español estas dos semanas se haya apuntado dos veces a la conveniencia de «mirar al futuro»: primero fue el número dos del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto, en el Senado, y este miércoles el propio presidente, Mariano Rajoy, en el Congreso. Oportunismos y cinismos al margen, la demanda de revisar sumarios es totalmente pertinente, una necesidad de derechos humanos y de justicia, y que por tanto no puede quedar en reivindicación de una esfera política concreta, sino de la mayoría del país y sus instituciones.