La tortura en Euskal Herria vuelve a primer plano político en víspera de la emblemática fecha del 13 de febrero, el día de 1981 en que Joxe Arregi murió machacado a golpes en la Dirección General de Seguridad, tras dejar como epitafio aquel tremendo «oso latza izan da». Esa lacra que venía de mucho antes siguió también mucho después. Ha habido que llegar hasta 2016 para que parezca entrar en vías de desaparición, pero no precisamente porque los aparatos del Estado hayan cambiado por voluntad propia su actitud anterior, sino porque el nuevo contexto creado por la izquierda abertzale les deja sin excusa policial ni margen político para seguir atormentando a ciudadanos vascos, a veces hasta la muerte.

Con todo, no es un asunto que se pueda declinar ya en pasado, sino que hay que analizarlo en presente y futuro. En presente, porque cercanas en el tiempo están las denuncias de Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño (2012) o Tomas Madina (2014), producidas todas ellas en este nuevo escenario, y porque presente puro y duro son los juicios pendientes basados en la tortura (como el que comienza el 14 de abril contra varios jóvenes navarros, uno de los cuales pidió ayuda con aquel desesperado «aztnugal») y también los carpetazos dados sistemáticamente a las denuncias de maltratos hasta hoy mismo.

Mirando al futuro, con este caldo de cultivo y la persistencia de los regímenes especiales de incomunicación, la tortura sigue siendo una amenaza, más difusa pero sin duda latente. Un riesgo que exige un «nunca más» colectivo. Es ahí donde cobra valor la declaración, ayer, del Parlamento de Gasteiz con los votos de PNV, EH Bildu y PSE.

El desmarque de PP y UPyD ante una moción tan básica remite, finalmente, al pasado trágico que insisten en dejar abierto. El negacionismo ya es solo un recurso cobarde ante una práctica que no ha sido excepción, sino norma, como admite Lakua con la estimación de 5.500 casos. Y ese pasado es obligado esclarecerlo y difundirlo.