La muerte a tiros en París del exjugador de rugby Federico Martín Aramburu ha generado gran conmoción en su entorno y en el mundo de rugby. Las nuevas informaciones sobre cómo ocurrió el tiroteo, los antecedentes y las intenciones de los autores, han provocado alarma. Según todos los indicios, a Aramburu lo tiroteó mortalmente Loïk Le Priol, un antiguo militar expulsado del Ejército, un destacado miembro del grupo ultraderechista Groupe Union Défense (GUD). Le Priol estaba pendiente de juicio por haber torturado a otro miembro de ese grupo neofascista. Su fianza la pagó Axel Loustou, un empresario vinculado a Marine Le Pen.

GUD es parte de esa red de grupos violentos que se expanden por todo Europa como estructuras militantes de los pujantes partidos de ultraderecha. Es el recordatorio de un mal que se agrava y se extiende por el continente. Sin embargo, estos hechos no alteran la agenda política ni acaparan la atención de los grandes medios, que siguen sin dimensionar el grado de violencia y el nivel de amenaza que supone la ultraderecha. La vinculación de estas bandas con estamentos militares y policiales les otorga unas licencias y una impunidad inasumibles en un estado de derecho. Alemania así lo entendió: investigó, arrestó y procesó a los militares que estaban organizándose bajo principios antidemocráticos.

Le Prior fue detenido ayer en Hungría y se sospecha que pretendía sumarse al frente en Ucrania. Esta derivada de la guerra, con neonazis que se alistan en ambos bandos, se utiliza como elemento propagandístico, pero se minusvalora la gravedad de este efecto perverso. Abrir las puertas a miles de paramilitares de ultraderecha, armarlos hasta los dientes y hacer de la guerra de Ucrania un trampolín para que luego salten a otros países es una temeridad para Europa. Pararlo exige una vigilancia, una estrategia y una voluntad política clara. La muerte de Aramburu debería servir también para recordarlo.