La sentencia que condena a «La Manada» formada por José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero a nueve años de cárcel por abuso sexual, descartando la agresión por ausencia de violencia e intimidación, absolviéndoles por grabarla en vídeo y limitando el robo del móvil a un hurto es un peligroso antecedente que cuestiona el valor de las denuncias por violación, pone una carga de la prueba inaceptable sobre la víctima y enardece a los machos y a los depredadores. El voto particular del juez Ricardo González reivindica la cultura de la violación, es repulsivo, cruel e inasumible en un Estado de derecho avanzado.

No es que nueve años de cárcel no sean muchos, suficientes, ejemplarizantes o justos. El debate principal no es la condena, es sobre todo la sentencia. Tal y como sostienen varias corrientes del feminismo, la tentación punitiva debe ser ajena a un movimiento que tiene en la liberación, la igualdad y la justicia sus principales valores, que denuncia un sistema patriarcal del que la cárcel es uno de sus máximos exponentes. Eso sí, no se puede obviar lo parcial que resulta la justicia en el Estado español, la discriminación que hace entre unos delitos y otros y, en concreto, su miopía y su ceguera ante la violencia machista.

La gran masa social que salió ayer indignada a las calles de Euskal Herria y otras ciudades del Estado no clama venganza, no pide la ley del talión. Está ante todo exigiendo respeto a las víctimas de la violencia sexista. Ayer esa ciudadanía acompañaba a esa joven indefensa y valiente. Lo que reivindica la sociedad es precisamente justicia y el fin del patriarcado como sistema injusto que es. La mayoría reclama que las estructuras de este sistema, desde las instituciones políticas hasta los tribunales, dejen de minusvalorar la violencia que se ejerce cotidiana e impunemente contra las mujeres. Frente a ese sistema, el feminismo es una revolución, y se puede frenar, pero no parar.